El Senado de la Nación dio media sanción por 41 votos positivos y 25 negativos, al proyecto de ley que establece un nuevo marco regulatorio para la industria de los biocombustibles. La norma tiene una vigencia de 14 años y dispone un aumento sustancial en las mezclas obligatorias en surtidor, elevando en forma paulatina el corte de bioetanol en naftas del 12% al 15% y el de biodiésel en gasoil del 7% al 10%.

 

Para evitar que los grandes complejos aceiteros exportadores desplacen a las pequeñas y medianas plantas regionales, la ley contempla un esquema de transición progresivo en el mercado del biodiésel. Durante la etapa inicial con un corte del 7,5%, el abastecimiento estará reservado en un 100% para las pymes no integradas. Al escalar la mezcla al 10%, estas empresas conservarán un cupo exclusivo garantizado del 6,5%, mientras que el 3,5% restante quedará sujeto a la libre negociación. 

 

Este margen protegido se reducirá de manera gradual hasta alcanzar en 2032 un porcentaje fijo del 3% para pymes y un 7% de libre competencia, complementado con la creación de un Mercado Electrónico operado por un organismo independiente para realizar subastas mensuales transparentes. Asimismo, el texto incorporó límites a la concentración de mercado para impedir que una misma firma o grupo económico comercialice más del 10% del biodiésel total o supere las 50.000 toneladas anuales.

 

La Ley pone de manifiesto dos visiones encontradas sobre el futuro del sector bioenergético nacional. Por un lado, defensoras del proyecto como las senadoras Flavia Royón y Patricia Bullrich destacaron la necesidad de migrar desde un modelo estatal donde el Gobierno determinaba cupos y precios hacia un esquema competitivo y abierto. Desde esta postura se enfatiza que la ventana de 15 años otorga previsibilidad y tiempo de integración para que las pymes adapten su escala sin sufrir un salto al vacío. 

 

La senadora Carolina Moisés.

 

Por otro lado, el senador pampeano Daniel Pablo Bensusán advirtió que la norma perjudica a las pymes de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires debido a sus desventajas logísticas frente a los puertos, mientras que el senador José Mayans sostuvo que la desregulación dejará a los pequeños productores a merced de las grandes empresas aceiteras. En tanto, la senadora Carolina Moisés, impulsó negociaciones y logró incorporar mecanismos para proteger a las economías regionales. 

 

Tras la votación en la Cámara alta, el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados, donde aguarda la fijación de un cronograma oficial para su debate en comisiones.