El Decreto 1107/2026 autorizó la venta de la totalidad de las participaciones que Energía Argentina posee en Termoeléctrica José de San Martín (68,83%) y Termoeléctrica Manuel Belgrano (65,01%). Entre ambas centrales suman 1.688 MW de potencia instalada, una capacidad equivalente a más del 5% del máximo histórico de demanda de potencia del sistema eléctrico argentino (30.257 MW, registrado el 10/02/2025).

 

Sigo esta decisión con especial interés porque entre 2022 y 2023 tuve el desafío de presidir Termoeléctrica José de San Martín. En mi opinión, creo que la discusión merece ir más allá del precio que finalmente se obtenga por las acciones. Desde una mirada financiera, el Estado obtiene recursos hoy y transfiere al sector privado riesgos, gestión y futuras necesidades de inversión. Al mismo tiempo, resigna los potenciales flujos futuros de esos activos.

 

Pero hay otra dimensión que considero fundamental: no se están vendiendo solamente participaciones societarias. Se está tomando una decisión sobre el rol del Estado como generador de energía eléctrica, esto también plantea un desafío al momento de determinar cuánto valen esas participaciones.

 

Valuarlas exclusivamente por sus flujos actuales o proyectados puede resultar insuficiente. Los ingresos de una generadora no dependen solamente de su eficiencia, disponibilidad, costos o vida útil, sino también de las reglas del MEM y de los esquemas de remuneración definidos por la política energética. Un determinado esquema de remuneración puede arrojar hoy una valuación y un cambio futuro en esas reglas modificar sustancialmente la ecuación económica del activo.

 

Pero tampoco considero que la respuesta sea valuar las centrales exclusivamente por su costo de reposición. Entonces, ¿cómo determinar un valor razonable? Creo que el análisis debería combinar capacidad de generación, flujos esperados, inversiones necesarias, vida útil, eficiencia, riesgos operativos y regulatorios, costo de reposición y distintos escenarios futuros del mercado eléctrico.

 

Y además preguntarnos: ¿qué valor tienen los flujos que se resignan?¿Qué riesgos e inversiones se transfieren al privado? ¿Qué valor tiene para el Estado conservar capacidad propia de generación ¿Y qué destino tendrán los recursos obtenidos? No es lo mismo utilizarlos para gastos corrientes que, por ejemplo, para otra obra de infraestructura.

 

Estas centrales surgieron ante una necesidad concreta: incrementar la oferta eléctrica del país. Años después, la discusión ya no pasa por construirlas, sino por decidir quién será propietario de esa capacidad de generación.

 

El precio de venta podrá determinar cuánto recibe hoy el Estado por estas participaciones. Pero no necesariamente cuánto vale conservarlas. Porque una central eléctrica no es solamente un activo que produce un flujo de fondos. Es soberanía energética, capacidad instalada, infraestructura, exposición al mercado eléctrico y una herramienta para participar directamente de la generación.

 

La licitación pondrá un precio a las acciones. La discusión de fondo es qué valor le asignamos a aquello que el Estado deja de tener una vez que las vende.

 

*Martín Latorre es contador especializado en energía y ex gerente de Enarsa.