El Gobierno nacional volvió a postergar la privatatización de las represas con contratos vencidos. Mediante el Decreto 1349/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, extendió hasta el 30 de abril de 2027 la operación de 11 centrales hidroeléctricas correspondientes a cinco concesiones ya vencidas, mientras las nuevas licitaciones siguen sin lanzarse.

 

Las cinco concesionarias operan hoy bajo regímenes de transición que la Secretaría de Energía fue extendiendo a medida que se cumplían los plazos contractuales, la mayoría con fecha límite el 15 de diciembre de 2026. El primer contrato en vencer fue el de Hidroeléctrica Diamante, el 19 de octubre de 2024, seguido por el de Hidroeléctrica Río Hondo, el 29 de diciembre de ese año. En 2025 expiraron el de Futaleufú, el 15 de junio, y el de AES en Salta, en noviembre. El último fue el de Hidroeléctrica Tucumán, el 30 de julio de este año.

 

Según el Anexo I, el decreto alcanza a la central Futaleufú, 560 MW, controlada por  Aluar (60,2%), con participación de la provincia de Chubut (33,5%). También comprende a Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, en Mendoza, que suman 388 MW y están a cargo de Hidroeléctrica Diamante (HIDISA), en la que Pampa Energía tiene el 61%. 

 

El listado incluye en Salta a las represas Cabra Corral y El Tunal, con 111,1 MW, operadas por AES Argentina Generación, filial del grupo estadounidense. Completan la lista El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, con 51,6 MW, y Río Hondo y Los Quiroga, en Santiago del Estero, con 17 MW, que opera  Hidroeléctrica Tucumán, en la que la provincia tiene el 39%, e Hidroeléctrica Río Hondo, dos sociedades en las que participa el grupo correntino Holdec, de la familia Clebañer.

 

Una postergación que se repite

 

Como informó El Post Energético, en junio la Secretaría de Energía ya había prorrogado hasta diciembre la operación de Futaleufú con la Resolución 130/2026. En ese momento atribuyó la demora a la “notable extensión y complejidad” de los pliegos, los manuales de seguridad de presas y los planes de inversión obligatorios. La central está conectada por una línea dedicada a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn, que la opera desde su privatización en 1995.

 

A fines de septiembre, el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, aseguró que los pliegos y contratos de Cabra Corral y El Tunal estaban listos y solo esperaban un decreto presidencial que habilitara la reconcesión, que en Salta se hará en conjunto con la provincia. Sobre Futaleufú, explicó que los pliegos seguían en elaboración e incluirían como anexo el contrato de abastecimiento con Aluar. El funcionario admitió entonces su preocupación por el calendario electoral y la necesidad de avanzar cuanto antes.

 

Damián Sanfilippo.

 

El decreto publicado este miércoles cumple en parte esa condición: delega en la Secretaría de Energía, que conduce María Carmen Tettamanti, la facultad de fijar las pautas de las licitaciones, otorgar las nuevas concesiones y firmar los contratos. Sin embargo, no fija un cronograma. El margen de cinco meses y medio hasta abril queda sujeto a que los llamados efectivamente salgan.

 

Al igual que en la prórroga de Futaleufú de junio, la continuidad no es automática. Cada concesionaria debe enviar a la Secretaría de Energía, dentro de los siete días corridos, una Carta de Adhesión. Con ella desiste de los reclamos administrativos o judiciales en curso contra el Estado vinculados con la continuidad y renuncia a iniciar nuevas acciones administrativas, judiciales o arbitrales por hechos que ocurran durante ese período.

 

Las concesionarias que no adhieran no recibirán la extensión, pero tampoco podrán abandonar la operación de inmediato. El decreto las obliga a seguir generando durante al menos 45 días hábiles, mientras el Estado organiza la continuidad del servicio.