4 de septiembre de 2026
El Gobierno estableció que las empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en las islas o sus espacios marítimos sin autorización argentina deberán acreditar que no incurren en las conductas prohibidas por la Ley 26.659 para acceder a permisos y concesiones en el país.
El Gobierno de Javier Milei endureció su posición frente a las empresas que participen de proyectos de petróleo y gas en las Islas Malvinas y puso a Vaca Muerta como uno de los principales mercados de los que podrían quedar excluidas.
A través del Decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo modificó las condiciones para acceder a permisos, concesiones, autorizaciones y habilitaciones hidrocarburíferas en la Argentina. A partir de ahora, quienes pretendan ingresar a esos negocios deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren que no incurren —ni incurrirán— en las conductas prohibidas por la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en áreas vinculadas con la plataforma continental argentina.
La disposición alcanza tanto a las empresas interesadas directamente en obtener permisos como a las personas o sociedades que tengan participación directa o indirecta en ellas. De esta manera, el Gobierno busca impedir que compañías vinculadas con la explotación hidrocarburífera en Malvinas puedan participar simultáneamente de proyectos petroleros argentinos.
El cambio adquiere especial relevancia por el desarrollo de Vaca Muerta, donde se concentra buena parte de las nuevas inversiones de la industria petrolera argentina.
El canciller Pablo Quirno explicó, en declaraciones radiales, que las compañías involucradas en actividades hidrocarburíferas en Malvinas deberán optar entre continuar con esos negocios o participar del mercado argentino. La advertencia no se limita a las operadoras: también alcanza, según manifestó el funcionario, a empresas de servicios petroleros, proveedores, compañías financieras, aseguradoras y actores logísticos que puedan operar en ambos mercados.
“Las empresas van a tener que decidir si operan en Malvinas (…) o vienen a Argentina a hacer sus negocios”, planteó Quirno, al explicar el alcance de la nueva política.
El objetivo es utilizar el acceso al mercado energético argentino como una herramienta para desalentar la participación empresarial en proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en las áreas que Argentina considera parte de su plataforma continental.
El decreto publicado hoy en el Boletín oficial incorpora expresamente el requisito para los interesados en obtener permisos y concesiones de hidrocarburos de presentar una declaración jurada sobre el cumplimiento de la Ley 26.659. Para las sociedades, esa declaración también deberá alcanzar a quienes tengan participaciones directas o indirectas en ellas.
La ofensiva oficial se produce ante el avance del proyecto Sea Lion, uno de los principales desarrollos petroleros previstos en las aguas que rodean las Malvinas.
El proyecto es operado por Navitas Petroleum, que posee el 65%, junto con Rockhopper Exploration, propietaria del 35% restante. El yacimiento es estimado en alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo, y las compañías proyectan comenzar la producción en 2028.
Para el Gobierno argentino, las licencias otorgadas por las autoridades de las islas carecen de validez y las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en esas áreas constituyen una explotación ilegítima de recursos naturales argentinos.
La medida introduce un elemento adicional en las decisiones de inversión de las compañías petroleras internacionales que evalúen proyectos en la Argentina. En la práctica, una empresa que pretenda participar de una licitación, obtener una concesión o desarrollar un proyecto hidrocarburífero deberá garantizar que su estructura societaria y sus actividades no entren en conflicto con la legislación argentina sobre Malvinas.
Esto adquiere una dimensión particular en Vaca Muerta, donde el Gobierno busca atraer capitales internacionales para acelerar el desarrollo de petróleo y gas no convencional.
La advertencia oficial es, por lo tanto, directa: participar de proyectos hidrocarburíferos en Malvinas puede convertirse en un impedimento para acceder a oportunidades dentro de la principal cuenca energética argentina.
El nuevo escenario plantea entonces una disyuntiva para las empresas con intereses en ambos mercados: Malvinas o Vaca Muerta. Y el decreto publicado este viernes establece que, para acceder a los recursos y oportunidades hidrocarburíferas argentinas, deberán declarar que su actividad no entra en conflicto con las restricciones que impone la legislación sobre las islas.
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