El plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles —presidida por Flavia Royón— y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación firmó este jueves el dictamen del proyecto que establece un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, con miras a su inminente debate en el recinto. 

 

La iniciativa parlamentaria propone establecer un nuevo régimen por un período de 15 años para otorgar previsibilidad y seguridad jurídica a las inversiones del sector, designando a la Secretaría de Energía de la Nación como la autoridad de aplicación encargada de su implementación.  El objetivo de los legisladores que impulsaron el dictamen es lograr la aprobación definitiva del texto en la sesión del próximo 10 de septiembre.

 

La construcción política de este dictamen tuvo como una de sus figuras centrales a la senadora nacional por Jujuy Carolina Moisés (presidenta del bloque Convicción Federal y vicepresidenta del Senado), quien desempeñó un papel protagónico en las complejas negociaciones legislativas. Según destacó la legisladora jujeña, el dictamen es el resultado de un exhaustivo proceso de trabajo extendido durante 2025 y 2026 que logró involucrar a diversos bloques parlamentarios, a las nueve provincias de la Liga Bioenergética, a productores, trabajadores, universidades, organismos técnicos y cámaras representativas de la industria de maíz y del azúcar.

 

“Este es el acumulado de mucho trabajo y de mucha capacidad de los distintos sectores representativos que hoy están esperando con urgencia esta ley”, declaró Moisés en relación con la urgencia del sector. Para la senadora, el incremento progresivo de la mezcla obligatoria de bioetanol representa una “herramienta estratégica” para dinamizar el Norte Grande, fortalecer la actividad azucarera y maicera, generar empleo genuino local y ampliar la inserción internacional de las economías regionales.

 

Senadora Carolina Moisés.

 

Asimismo, Moisés enfatizó que los valores acordados son apenas un piso. “Los porcentajes que estamos discutiendo son mínimos posibles y necesarios para garantizar una proyección a futuro”, sostuvo, señalando que la meta de largo plazo debe ser la convergencia hacia los niveles de mezcla vigentes en el Mercosur, especialmente en Brasil. Ante las demoras que el debate enfrentó históricamente debido a la burocracia y los intereses en pugna, la senadora advirtió que la política ya no puede demorar el desarrollo económico nacional y concluyó: “Ya no hay más tiempo para dilatar. Tenemos que mirar para adelante”.

 

El dictamen alcanzado dista significativamente del borrador original. El proyecto oficialista que sirvió de base para la discusión —presentado por la senadora Patricia Bullrich y alineado con lo enviado por la Secretaría de Energía— había despertado fuertes resistencias en la industria y duros cuestionamientos por parte de especialistas como el analista de bioenergías Claudio Molina, quien llegó a calificarlo de “destructivo” para el sector, en una entrevista con este medio.

 

Las claves del proyecto 

 

Para viabilizar la firma del dictamen, el bloque de La Libertad Avanza aceptó modificaciones para resguardar la estructura productiva regional y evitar la cartelización. Por un lado, se fijó un corte inicial de 7,5% de biodiésel en el gasoil, el cual se elevará al 10% transcurridos 12 meses de sancionada la ley. Asimismo, se estableció un corte inicial obligatorio del 12% de bioetanol en las naftas (con un 6% reservado para la caña de azúcar y otro 6% para el maíz), que ascenderá obligatoriamente al 15% al cabo de un año.

 

Para evitar que los grandes exportadores desplacen a las plantas regionales (pymes no integradas) de menor escala, se diseñó un cronograma de transición. En la fase inicial (con corte de 7,5%), las pymes abastecerán el 100% del mercado de biodiésel. Al subir el corte al 10%, las empresas no integradas mantendrán un cupo exclusivo garantizado del 6,5%, dejando el 3,5% restante para la negociación libre. Este segmento protegido se reducirá gradualmente (5,5% en 2029, 5% en 2030, y 3% en 2031) hasta que, a partir del año 2032, la mezcla se consolide en un 3% reservado para pymes y un 7% de libre negociación abierta.

 

 

Además, se fijaron límites a la concentración de mercado. Ninguna empresa elaboradora de bioetanol podrá acaparar más del 20% del volumen anual del corte obligatorio, mientras que para el biodiésel el tope por grupo económico en el segmento no integrado será del 10%.

 

Otro aspecto relevante es la exclusión del coprocesamiento. El dictamen determinó que los volúmenes de coprocesamiento que realicen las refinadoras petroleras no se contabilizarán dentro del corte obligatorio de biodiésel, aunque se les concederá la exención impositiva sobre los combustibles líquidos y de dióxido de carbono solo hasta un límite del 5% de la mezcla.

 

En cuanto a la creación de un Mercado Electrónico, se definió que las transacciones para cumplir los cupos obligatorios se gestionarán a través de subastas públicas mensuales en un Mercado Electrónico operado por un organismo independiente, garantizando transparencia. Por último, se habilitó a las provincias a crear programas de intensificación del uso de los biocombustibles por encima del corte obligatorio.