La reforma del  mercado eléctrico que impulsa el Gobierno volvió a mostrar sus efectos negativos en algunos sectores productivos. Un grupo de industrias de Misiones y Chaco realizó un reclamo formal a la secretaría de Energía, que conduce María Tettamanti, por el fuerte impacto que tiene en sus facturas un cargo para grandes usuarios. 

 

Mediante una nota, a la que accedió El Post Energético, siete empresas, representativas de los sectores de fabricación de ladrillos huecos cerámicos, aserrado de madera y producción de almidón, alertaron sobre los desmedidos aumentos en sus costos de energía eléctrica, impulsados por la aplicación de la Resolución SE N° 976/2023.

 

Según detallan los industriales, el denominado “Cargo Estabilizado GUDIs” (Grandes Usuarios de Distribuidora) y el “Ajuste Complementario de Potencia” están alterando sus estructuras de costos, afectando gravemente la competitividad y la sostenibilidad de su actividad. El problema central radica en que este cargo, diseñado para cubrir la brecha entre el precio estacional de la energía trasladado a tarifas y el costo real en el mercado mayorista, ha crecido de manera significativa como consecuencia de la reciente reforma eléctrica y la volatilidad del mercado spot.

Un sobrecosto acumulado de millones y picos del 50% en facturas

 

El informe técnico que acompaña la presentación revela la magnitud del impacto económico en la economía real de la región. Entre enero de 2024 y junio de 2026, las siete empresas analizadas —todas categorizadas como Grandes Usuarios del Distribuidor (GUDI)— acumularon un sobrecosto de $408.666.268 exclusivamente por el cargo de la Res. 976/23. Este monto representa un promedio del 11,2% del total de su facturación de energía.

 

 

El impacto de este cargo no es homogéneo y golpea con extrema dureza a ciertas industrias en particular. El caso más crítico lo presenta la firma chaqueña Cerámica Ruta 16 S.R.L., que registra un sobrecosto acumulado equivalente al 16,5% de su facturación eléctrica total, habiendo sufrido picos mensuales alarmantes como el de junio de 2026, cuando el cargo por sí solo representó el 49,7% de una única boleta al alcanzar los $41.003.589.

 

En Misiones, la ladrillera de Graef Bernardo Eugenio padeció un impacto similar en julio de 2026, mes en el que el controvertido cargo absorbió el 44,2% de su factura total con un valor de $19.132.006. Por su parte, la fábrica de almidón Graef Hnos. S.R.L., también radicada en territorio misionero, llegó a acumular cargos por un total de $90.300.460, lo que representa un 11,1% de su facturación acumulada.

 

La preocupación se agrava al proyectar los números de julio de 2026. Cinco de las empresas ya recibieron notificaciones anticipadas de sus cooperativas distribuidoras con cargos conjuntos estimados en $109.864.269, lo que representa incrementos de entre un 69% y un 145% por encima del peor mes histórico registrado por cada una hasta el momento. Los industriales señalan alarmados que estas subas no tienen relación alguna con sus niveles de producción o actividad industrial; en muchos casos, el consumo eléctrico se mantuvo estable o incluso disminuyó.

 

El peso de la reforma y las asimetrías regionales

 

Este escenario crítico se desató tras la aplicación de la Resolución SE N° 400/2025, una reforma del mercado eléctrico que eliminó protecciones para los grandes usuarios que no lograron contractualizar su energía a término, dejándolos expuestos a la alta volatilidad del mercado spot. 

 

 

En julio de 2026, el precio spot promedio alcanzó los 186,6 USD/MWh, un incremento del 97% interanual. La brecha entre el precio estacional de la energía que se traslada a las tarifas (90.000 $/MWh) y el costo real mayorista (más de  250.000 $/MWh) superó el 185%, diferencia que se carga directamente a las industrias mediante el Cargo Estabilizado GUDI.

 

Para las provincias del Nordeste Argentino (NEA), el problema se vive con una profunda sensación de injusticia regional. Los industriales de Misiones destacan la paradoja de Yacyretá: la provincia alberga -junto con Corrientes- la mayor represa hidroeléctrica del país pero sus industrias deben pagar energía a elevados precios de mercado. Además, al no contar con acceso a la red de gas natural, las industrias misioneras dependen de forma estructural y exclusiva de la energía eléctrica para sus procesos productivos, lo que las sitúa en una posición de extrema vulnerabilidad ante cualquier salto tarifario.

 

Propuestas concretas para evitar cierres y despidos

 

En la misiva, las empresas PyMEs del NEA han presentado a la Secretaría de Energía un conjunto de alternativas viables para amortiguar el impacto financiero y garantizar su continuidad.

 

 

En primer término, solicitan una evaluación específica para las PyMEs industriales GUDI, con el fin de que se implemente un tratamiento diferenciado que reconozca formalmente su limitada capacidad para trasladar estos abruptos incrementos a los precios de venta en mercados altamente competitivos y sensibles.

 

Como segunda alternativa, proponen la implementación de un mecanismo de diferimiento estacional articulado con CAMMESA. Este esquema permitiría prorratear o distribuir el pago de los saldos del Cargo Estabilizado acumulados en los meses de mayor consumo e impacto —que tradicionalmente ocurren de junio a septiembre— hacia los meses de menor incidencia del cargo. Los industriales destacan que esta medida no reduce la deuda real de las empresas, sino que otorga previsibilidad y compatibilidad con sus flujos de caja y ciclos de actividad.

 

Finalmente, el reclamo concluye exigiendo la evaluación urgente de estas medidas con carácter de prioridad. Los firmantes advierten con dureza que, de no mediar una solución gubernamental inmediata, la continuidad de esta destructiva dinámica de costos indirectos pondrá en jaque el empleo local, la producción fabril y la supervivencia misma del entramado productivo de Misiones y Chaco.