En la empresa estatal Enarsa se viven momentos de extrema tensión. Ayer, cuando el directorio de la compañía que conduce Tristán Soccas se aprestaba a dar luz verde a la adenda del contrato para la construcción de las represas de Santa Cruz, los síndicos lanzaron duras objeciones, que obligaron a pasar a un cuarto intermedio para hoy a última hora de la tarde.   

De acuerdo con diversas fuentes, el conflicto se produjo cuando se puso a consideración el dictamen jurídico que daba sustento a la adenda XII del contrato original, elaborado por un estudio jurídico externo, al que no habrían tenido acceso hasta ese momento los auditores oficiales, Norma Vicente Soutello, Maximiliano Bozzano y Roxana Rodríguez.

El acuerdo para reactivar los desembolsos chinos cuenta con el aval de la Casa Rosada, a pesar de su alineamiento incondicional con Donald Trump, en guerra comercial con el gigante asiático, según publicó La Política Online. 

Sin embargo, el tema es de alta sensibilidad, ya que se trata de una modificación al contrato pendiente desde hace varios años que terminaría con millonarios reclamos por la paralización de las obras, tanto por un deslizamiento en 2018 como por la pandemia en 2020. Es por ello que el texto final se maneja con extremo sigilo: fue elaborado por el estudio Halperín y la conducción de Enarsa, sin participación de las instancias técnicas de la empresa estatal. 

Fuentes al tanto de las negociaciones remarcan que lo que se discute “es muy pesado”, sobre todo si se le reconoce a la UTE, que encabeza la constructora china Gezhouba con las locales Eiling e Hidrocuyo, todo lo que piden, básicamente compensaciones económicas por los perjuicios por los días caídos y la redeterminación de los costos originales del proyecto. 

Otro punto al que sostienen prestar particular atención es si acotan las obras solo a la central Jorge Cepernic, la más avanzada, y desechan definitivamente la usina Néstor Kirchner, algo que tendría impacto en el esquema de repago del crédito chino, que tiene como base de ingresos futuros la generación de energía. 

Alejandro Díaz, titular de la SIGEN.

Las represas sobre el río Santa Cruz no son un tema para el titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Alejandro Díaz, quien fue síndico de Enarsa durante los primeros años del proyecto, por lo que algunos miran hacia ahí para explicar la reacción de los actuales.

Una historia de desencuentros 

La negociación de la adenda XII comenzó desde  la firma de la adenda X, según recuerda una fuente, en tiempos en que las disputas desangraban al gobierno del Frente de Todos. El entonces jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Economía Martín Guzmán y Gustavo Béliz “hacían todo” para paralizar el financiamiento chino de las represas, rememora un ex funcionario. 

Recién con la asunción de Sergio Massa en el Palacio de Hacienda en 2022, la gestión cobró un nuevo impulso. En mayo del año siguiente el entonces ministro anunció un acuerdo para retomar los desembolsos, aunque Enarsa, conducida por Agustín Gerez, nunca terminó de resolver el asunto.

Las obras se paralizaron en noviembre de 2023 y en los primeros meses de 2024 la UTE despidió a la mayor parte de los trabajadores, en acuerdo con Juan Carlos Doncel Jones, primer presidente de Enarsa durante la gestión libertaria. Tras los reiterados reclamos de la provincia de Santa Cruz, el año pasado se firmó un preacuerdo, aunque como publicó El Post Energético en ese momento, para una solución definitiva debía resolverse la adenda XII. 

El mes pasado, el gobernador Claudio Vidal anunció el desembolso de 150 millones de dólares por parte de bancos chinos, de los cuales una parte quedaban para el repago de equipamiento.