Pocos días después de que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo pusiera en marcha la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, una diputada nacional presentó el primer amparo para frenar la operación, mediante la cual el Gobierno busca  vender el 44% de las acciones de la compañía estatal que opera las centrales nucleares. 

Gabriela Estévez, del Frente de Todos, impulsó la medida, una acción de amparo individual y colectivo, en la que solicita la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 695/2025 y de la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía, que anticipó El Post Energético. El expediente está en manos del juzgado federal N° 3 de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja. Según se conoció, en los próximos días se realizarán planteos similares en otros tribunales.

De acuerdo con el texto, la demanda denuncia que el decreto fue dictado fuera del plazo de la delegación legislativa, violando el artículo 76 de la Constitución Nacional. Además, se omitió la Audiencia Pública obligatoria, exigida por el artículo 42 Constitución Nacional y la doctrina “CEPIS” de la Corte Suprema, lo que “vulnera el derecho de los usuarios a participar en decisiones que afectan tarifas y calidad del servicio”.

En su escrito, la diputada también recuerda que Nucleoeléctrica Argentina es una empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país y genera más del 7% de la energía eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista. “No es deficitaria ni prescindible. Según datos oficiales, en el primer trimestre de 2025 acumuló ganancias por 17 millones de dólares, y lleva adelante proyectos clave como la extensión de vida de Atucha I (725 millones USD) y el almacenamiento en seco de combustible gastado (173 millones USD), ambos financiados con deuda respaldada por contratos de venta de energía”, prosigue.

“La privatización no tiene justificación técnica ni económica. Por el contrario, pone en riesgo la continuidad de obras estratégicas, la seguridad radiológica y la estabilidad tarifaria de más de 2,5 millones de hogares. Como advierte el amparo, una vez transferido el 44% del capital accionario, el daño sería irreversible”, señala el texto. 

La acción judicial invoca la defensa de derechos de incidencia colectiva (Art. 42 CN), el derecho a un ambiente sano (Art. 41 CN) y el derecho a una vida digna (Art. 4.1 CADH). “La gestión de activos nucleares exige máxima transparencia y control estatal, no negociaciones opacas ni cesión patrimonial a grupos privados sin experiencia ni compromiso con el interés público”, detalla. En consecuencia, la diputada solicita la suspensión “inmediata” de cualquier acto de licitación, oferta o transferencia de acciones de NA-SA.

Por último, se remarca que el plan nuclear que anunció el Gobierno Nacional hace casi un año “carece de un rumbo claro” y tampoco ha mostrado ningún avance concreto: su único resultado palpable es la paralización del proyecto CAREM, uno de los pequeños reactores (SMR) de mayor avance en el mundo.   “Los trabajadores de las centrales nucleares vienen resistiendo el desguace nuclear, mediante un plan de lucha permanente en los lugares de trabajo y repudiando a la conducción entreguista de la empresa”, finaliza.