Por una falla en el trámite de la privatización de las represas del Comahue, el presidente Javier Milei se vio obligado a volver a firmar el decreto que inicia el proceso para subsanar el error. 

Mediante el decreto 590/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial se dejó “sin efecto” el 564/2025, que se había dado a conocer la semana pasada, sin mediar mayores explicaciones. Sin embargo, la clave está en los considerandos, donde se explica que tras “el dictado del Decreto N° 564/25 se ha advertido que el Informe Circunstanciado ingresado al Expediente N° EX-2025-86060782-APN-DGDA#MEC no cuenta con la firma de la autoridad que lo elaboró”. 

La referencia se dirige a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que conduce Diego Chaher en la órbita del ministerio de Economía pero el informe fue elaborado en realidad por Enarsa -empresa de quien dependía hasta ahora el proceso de privatización- que no se sabe si por descuido o por algún otro motivo entregó el informe sin que nadie lo firme. 

El error disparó alarmas en el Palacio de Hacienda porque podría viciar de nulidad el proceso de venta de las represas del Comahue, un conjunto de activos que el Gobierno ve como una forma rápida y sencilla de hacerse de dinero fresco. Es por ello que José García Hamilton, secretario Legal y Administrativo de la cartera que comanda Luis “Toto” Caputo debió exigirle ayer a Chaher a través de una nota que estampe su firma al informe para el nuevo decreto presidencial, algo que el mendocino hizo sin chistar, cuando arrecian las versiones de su despido por los magros resultados en la venta de empresas públicas. 

Si bien se trata de una falla menor, evidencia que el desplazamiento de los cuadros técnicos históricos de Economía dejó a las autoridades desguarnecidas de personal idóneo que cuide la firma de los funcionarios, evitando el “papelón” de que el presidente deba volver a firmar de nuevo un expediente, como lo calificó un abogado con largos años en el derecho administrativo.  

En otros despachos advierten que la omisión de la firma se debió al malestar que generó en las oficinas de Enarsa, la empresa pública que comanda Tristán Socas, la decisión de correrlos definitivamente del proceso de privatización. “Que la firmen ellos”, se oyó decir en el piso 14 de la compañía, que hace un año estaba preparando el desembarco en las centrales del Comahue para garantizar sus operaciones, sanearlas y encarar su venta. 

Sin embargo, no son pocos quienes recuerdan que en realidad la elaboración del trabajo corrió en realidad por cuenta de Mario Levy, director ejecutivo de un fondo para obras de transporte de energía (disuelto este año) y ex miembro del directorio de Nucleoelétrica Argentina. Curiosamente, Levy también fue asesor de la Secretaría de Energía durante el Gobierno de Alberto Fernández.