Buenos Aires convocó a audiencia pública para definir las tarifas eléctricas del próximo quinquenio
PorPost Energético
El encuentro se realizará el 16 de diciembre y pondrá a consideración la continuidad de la Etapa de Transición Tarifaria y las propuestas de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) para la distribución eléctrica bonaerense. La convocatoria llega después de un litigio judicial en el que la Defensoría del Pueblo cuestionó la falta de audiencias en el sector.
Actualidad
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Energía, convocó a una audiencia pública para el 16 de diciembre en la que se tratarán la continuidad de la Etapa de Transición Tarifaria y las propuestas tarifarias que regirán durante el próximo período quinquenal, en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio público de distribución eléctrica.
La convocatoria fue oficializada mediante la Resolución MIySP 827/2026, publicada en el Boletín Oficial. Según la cartera que conduce Gabriel Katopodis, la instancia busca que vecinos, distribuidoras, federaciones y cooperativas eléctricas puedan informarse, expresar opiniones y presentar consideraciones sobre la tarifa del servicio.
Los interesados podrán inscribirse como oyentes u oradores a partir del 18 de noviembre en el sitio del Ministerio (ministerioabierto.minfra.gba.gob.ar), donde también estará disponible la documentación que se tratará en la audiencia.
Qué se define en la RTI
Según detalló el Gobierno bonaerense, la revisión que se aprobará para los próximos cinco años tiene como principales objetivos:
-Establecer el requerimiento de ingresos de las distribuidoras, es decir, la remuneración necesaria para prestar el servicio en condiciones de calidad.
-Elaborar un plan de inversiones obligatorias de largo plazo.
-Diseñar un nuevo cuadro tarifario, con revisión de su estructura y categorías, la asignación de costos y el modelo de pass through, el mecanismo por el cual se trasladan a la factura los costos de compra de energía en el mercado mayorista.
-Definir una categoría de tarifa social orientada a garantizar el acceso al servicio de los sectores de menores ingresos.
-Fijar nuevos parámetros de calidad de servicio y de producto, y establecer nuevas penalidades.
Gabriel Katopodis.
La audiencia es uno de los hitos finales de un proceso que se inició formalmente con la Resolución MIySP 1133/2024, publicada en octubre de 2024, y que alcanza a las distribuidoras bajo jurisdicción provincial, entre ellas EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, las cuatro concesionarias controladas por el grupo DESA. En el territorio bonaerense operan además más de 200 cooperativas eléctricas. Para el desarrollo técnico de la revisión, la Subsecretaría de Energía firmó un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Cabe recordar que la última RTI aprobada en la provincia correspondió al período 2017-2022, durante la gestión de María Eugenia Vidal, y fue precedida por una audiencia pública convocada en 2016 por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).
Tras la emergencia declarada por la Ley 15.165 a fines de 2019 y la prórroga dispuesta durante la pandemia, la Resolución MIySP 439/2021 estableció la Etapa de Transición Tarifaria. El esquema fue luego convalidado por la Ley 15.480 y extendido por la Resolución MIySP 398/2025 y el artículo 54 de la Ley de Presupuesto 2026, hasta que se implemente el primer cuadro tarifario surgido de la nueva revisión.
Bajo ese régimen, el Ministerio actualiza periódicamente el Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente de la tarifa que remunera a las distribuidoras, y traslada a las facturas los precios mayoristas que fija la Secretaría de Energía de la Nación. Hasta septiembre, la Provincia había aprobado seis actualizaciones de cuadros tarifarios en lo que va de 2026.
La convocatoria llega luego de que el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionara judicialmente la Resolución MIySP 585/2026, que desde agosto aplicó subas estimadas de entre 1,5% y 3,5% en las facturas residenciales. En su presentación, la Defensoría sostuvo que el sector lleva casi diez años sin una audiencia pública integral y que la Etapa de Transición Tarifaria se prolonga en el tiempo.