La disparada del riesgo país por encima de los 1.400 puntos básicos tiene efectos concretos sobre la economía pero más aún sobre los proyectos de inversión en infraestructura energética. Es que el  Gobierno de Javier Milei decidió que las inversiones en el sector las hagan los privados, algo que con las tasas de interés que deberían pagarse parece poco probable.  

“La tasa de financiamiento es clave porque cada punto de aumento significa menos inversión. Con un índice por encima de los 1.400 puntos, el costo financiero de los proyectos sería del 20%, es decir que por cada 1.000 millones de inversión habría que erogar 200 millones de dólares en intereses, lo que sería imposible de trasladar”, reflexiona un consultor.

Por citar un antecedente cercano, hace apenas dos meses, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), cuya propiedad comparten las principales petroleras del país, consiguieron que cinco bancos internacionales de primera línea -junto a 14 bancos e inversores internacionales- financien 2.000 millones de dólares a 5 años, a una tasa SOFR más 5,5%, lo que implica un costo real del 10%. En aquel momento el riesgo país estaba en 700 puntos básicos. 

Obras urgentes 

La Secretaría de Energía, que conduce María Tettamanti, definió en materia de transporte eléctrico cuatro proyectos prioritarios, entre las que se encuentra el denominado  “AMBA I”, un conjunto de obras para resolver el cuello de botella afecta el abastecimiento de energía de Buenos Aires y el conurbano. 

Las autoridades de la cartera plantearon un régimen de concesión de obra, en el cual la totalidad de la inversión, construcción, operación y mantenimiento estará a cargo del sector privado, sin comprometer recursos del Estado. No obstante, eso requiere de alguien que financie y luego se cobre de los adicionales generados, más el interés correspondiente..Todavía no se publicaron los pliegos de licitación ni se sabe cuándo se darán a conocer. 

Lo mismo ocurre con la generación. Luego de casi dos años, la gestión libertaria no puso en marcha ninguna obra pero canceló el plan Terconf que preveía la incorporación de más de 3.000 MW. 

Semanas atrás, la Secretaría de Energía dio a conocer los lineamientos de la “normalización” del mercado eléctrico, una manera de decir que se reduce la intervención estatal. La idea es que existan “señales de precios” para que la demanda pague las obras de generación. “Con ese costo financiero las facturas serían impagables”, alertó un especialista.