El Gobierno logró una importante victoria legislativa con la sanción de la ley que establece una serie de modificaciones a la regulación energética. Entre ellas se destacan la reforma del régimen de zonas frías para los usuarios de gas natural y un polémico mecanismo de compensación de las deudas de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA, originadas —según sostiene el oficialismo— por el supuesto congelamiento tarifario.

 

En un debate muy breve —del que no participaron los senadores del peronismo—, la Cámara alta sancionó el proyecto con 38 votos afirmativos y 8 negativos. Los legisladores de La Libertad Avanza apoyaron sin fisuras la propuesta, que también contó con el respaldo del PRO y la UCR.

 

La sorpresa fueron algunos senadores patagónicos, como Julieta Corroza, de La Neuquinidad —alineada con el gobernador Rolando Figueroa—, y la chubutense Edith Terenzi, cercana al gobernador Ignacio Torres, ya que esa región también se verá afectada por el nuevo esquema. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, les había prometido a los gobernadores de Neuquén y Río Negro que sus provincias no se verían afectadas, pero esa excepción no quedó plasmada en el texto sancionado.

 

También resultó curiosa la defensa que hizo la senadora salteña Flavia Royón, como miembro informante de la Comisión de Energía y Minería, del esquema de subsidios focalizados, en contraste con el sistema aplicado cuando ella misma fue secretaria de Energía durante la presidencia de Alberto Fernández.

 

 

En tanto, los votos en contra fueron aportados por los senadores santacruceños Natalia Gadano y José Carambia, que responden al gobernador Claudio Vidal y presentaron su propio dictamen, además de seis radicales, entre ellos el bonaerense Maximiliano Abad. También se destacó el rechazo de los senadores mendocinos, alineados con el gobernador Alfredo Cornejo. Por otra parte, el bloque peronista decidió retirarse para obligar al oficialismo a conseguir el quórum y no regresó una vez que este fue alcanzado.

 

Por otro lado, a las provincias del norte el Gobierno les aseguró que se van a ampliar los bloques de subsiados de energía eléctrica en los meses de más calor para los usuarios con subsidios, lo que motivó el acompañamiento de algunos legisladores del Norte Grande. La medida se implementará mediante una resolución.

 

El recorte de las zonas frías

 

El proyecto sancionado limita las ampliaciones aprobadas en 2021 y modifica la base de cálculo del beneficio original para la región patagónica, la Puna y la localidad mendocina de Malargüe. De los 3,26 millones de usuarios que actualmente reciben algún grado de beneficio por zona fría, una gran parte quedará sin descuento, mientras que el resto mantendrá una bonificación acotada a volúmenes de consumo base definidos mensualmente.

 

En las zonas ampliadas, el beneficio solo estará disponible para quienes cumplan con los requisitos del programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), es decir, aquellos hogares cuyos ingresos sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT). Quienes no cumplan con esos requisitos deberán pagar el precio pleno.

 

 

El subsidio se financiará, como hasta ahora, mediante un cargo específico del 7,5% incluido en las boletas de todos los usuarios del país. La secretaria de Energía, María Tettamanti, prometió reducirlo al menos dos puntos porcentuales si se aprobaba la reforma.

 

Las provincias más afectadas serán Buenos Aires, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán, incorporadas al beneficio mediante la Ley N.º 27.637, sancionada en 2021. Ese esquema establecía que todos los hogares contaban con un descuento del 30% sobre el cuadro tarifario, porcentaje que se elevaba al 50% para los usuarios considerados vulnerables.

 

De acuerdo con cálculos de El Post Energético, un hogar de Salliqueló, en el sur de la provincia de Buenos Aires, con un consumo mensual de 400 m³, tendrá un incremento del 207%: pasará de pagar una factura final de $53.257, correspondiente a julio, a $163.370. El impacto se debe a que ya no tendrá ninguna bonificación y deberá pagar lo mismo que un hogar de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Asimismo, para los usuarios que integren el programa SEF, la suba llegará al 110%: una boleta de $66.950 aumentará a $140.864. Esto se debe a que esos clientes, en lugar de tener bonificado todo su consumo, conservarán únicamente un bloque de gas, cuyo volumen variará según la región y la categoría de consumo.

 

 

El impacto en la Patagonia

 

Pese a que el Gobierno puso el foco en las llamadas “zonas ampliadas”, los hogares de las regiones originales —la Patagonia, la localidad mendocina de Malargüe y la Puna— también sufrirán un recorte importante del beneficio. Si bien se mantendrá el descuento del 50%, se modificará la base de cálculo: dejará de tomarse como referencia el cuadro tarifario completo y se aplicará únicamente sobre el precio del gas en el PIST —Precio de Ingreso al Sistema de Transporte—, con exclusión del transporte y del cargo fijo.

 

En consecuencia, un hogar de Río Gallegos con un consumo mensual de 625 m³, tomando los valores de julio, pasará de pagar $114.892 a $147.673. Esto implica una suba del 29%. El impacto será aún mayor para los usuarios de esa región que formen parte del programa SEF. Para ese mismo nivel de consumo, la factura registrará un incremento del 106%: pasará de $30.892 a $63.673.

 

Hasta ahora, esos usuarios, además de pagar el 50% del cuadro tarifario —que incluye el costo del gas, el transporte y la distribución—, contaban con el descuento adicional correspondiente al esquema de subsidios. En la práctica, esto hacía que el bloque subsidiado quedara prácticamente bonificado en su totalidad.