La reforma del régimen de zonas frías para los usuarios de gas natural sumó un nuevo capítulo de tensión política e institucional luego de que el Senado de la Nación convirtiera en ley la reforma del régimen de Zona Fría. La nueva norma limita el beneficio tarifario casi a la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, dejando fuera de la cobertura a 94 municipios bonaerenses que habían sido incorporados en 2021. 

 

Esta medida impacta de manera directa sobre 1,3 millones de hogares en la provincia de Buenos Aires —donde residen cerca de cinco millones de personas—, previéndose incrementos de entre el 30% y el 50% en las facturas residenciales de gas.

 

En el marco de una recorrida oficial por las localidades de Lobería y Balcarce, el gobernador Axel Kicillof apuntó directamente contra la administración del presidente Javier Milei y el resultado del debate parlamentario. Al referirse a la pérdida del beneficio para la mayoría de los distritos bonaerenses, el mandatario expresó categóricamente: “De nuevo les sacan un derecho que tenían a los bonaerenses”. 

 

 

Kicillof rechazó además el nuevo sistema focalizado propuesto por la Nación —que exigirá inscripción previa y cumplir determinados requisitos para acceder a ayuda— y profundizó sus críticas al señalar: “Lo cierto es que algo que era un derecho, que estaba establecido y que era necesario, de nuevo es quitado, es robado, ¿no?, por el Gobierno Nacional”. Finalmente, el gobernador manifestó su postura frente a la votación legislativa al enfatizar: “Nuestro repudio a la votación y, bueno, hay que reconquistar, hay que recuperar los derechos que se van perdiendo”.

 

En sintonía con los reclamos del Ejecutivo provincial, intendentes de diversos espacios políticos hicieron público su repudio y anunciaron el inicio de acciones legales contra la nueva ley. El jefe comunal de Bahía Blanca, Federico Susbielles, tildó la medida de “un despojo” y confirmó que, una vez promulgada la norma, el municipio se presentará ante los tribunales por considerar que viola los artículos 16 y 28 de la Constitución Nacional.