El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) tuvo que forzar una interpretación legal para tramitar la prórroga de la concesión de la empresa distribuidora Gasnea, una de las compañías que busca extender por 20 años el plazo de prestación del servicio privatizado en los años ´90.

Si bien el marco regulatorio original estipulaba una prórroga de 10 años, una vez cumplidos los 35 años de concesión -en caso de que se hubieran cumplido las inversiones-, la Ley de Bases elevó ese beneficio a 20 años, por lo que todas las empresas distribuidores de gas, cuyos contratos vencen en 2027, se encuentran tramitando la ampliación.  Sin embargo, el caso de Gasnea es diferente: la distribuidora que brinda el servicio en Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones, no comenzó a operar en 1992 como el resto de las compañías sino en 1997, por lo que su contrato finaliza recién en 2032.

No obstante, a fines de 2024, Gasnea envió la solicitud al Enargas, con la firma de su presidente, Oscar Dores, en la que pide la prórroga por 20 años pero lo más curioso es que cita el punto 3.2 del Reglamento de Concesión, donde se estipula que el pedido deberá ser presentado con una anterioridad “no menor a dieciocho meses, ni mayor de cincuenta y cuatro”. Es decir, siguiendo ese criterio, la empresa recién podría pedir la ampliación de su concesión en dos años. 

Pedido prórroga de Gasnea.

¿Errores forzados?

La confusión -intencional o no- comenzó con el artículo 155 de la Ley de Bases, que establecía que la prórroga podía pedirse hasta 18 meses antes del vencimiento. Sin embargo,  cuando fue reglamentado mediante el Decreto 1057/2024 se cambió: “El pedido de prórroga deberá ser solicitado con una antelación mayor a los CINCUENTA Y CUATRO (54) meses previos al vencimiento del plazo de licencia”, con lo que solo Gasnea estaría en condiciones de iniciar el trámite. 

Finalmente, la cuestión se intentó zanjar con Decreto 451/2025, en el que se “ordenó” el texto de la Ley de Gas, se estableció  que “con una anterioridad no menor de DIECIOCHO (18) meses a la fecha de finalización de una habilitación”.

El 22 de julio de este año, el interventor Carlos Casares ordenó el inicio del trámite, mencionando el supuesto plazo mayor a 54 meses, como si se hubiera cumplido en el caso de Gasnea. Sin embargo, algún ruido habrá advertido el funcionario porque le pidió a los abogados del organismo un dictamen jurídico para avanzar con el trámite. 

No aclares que oscurece 

El documento, remitido el 11 de septiembre pasado, es decir tres semanas antes de la audiencia pública, expone sin valorar las contradicciones en torno a los plazos pero igual concluye que “corresponde” realizar la evaluación de la prórroga pedida por Gasnea. 

Lo llamativo es que para los abogados del organismo resulta “factible y aconsejable realizar un análisis contemporáneo con la totalidad de las prestadoras del servicio público de Distribución de Gas Natural por redes, a los efectos de ponerla en un pie de igualdad”, como si no tuviera una situación particular por haber comenzado su concesión en una fecha diferente. 

Entre los fundamentos se recuerda que el Gobierno inició la unificación del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) y le dio a cada uno la autoridad  de actuar como “autoridad de aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las actividades en materia energética y ejercer el rol de autoridad concedente en las concesiones”.

Dictamen jurídico de Enargas.

Luego da luz verde al trámite: “En virtud de lo reseñado hasta aquí, cabe consignar que, para el caso particular, la Licenciataria ha dado cumplimiento a las pautas formales exigidas por el ordenamiento vigente”.

Hacia el final, el texto, que lleva la firma de Silvana Onoratti, Gerenta de Legales y de Mariana Suárez, Jefa de Legales, concluye que “la prórroga de la Licencia a proponer se presenta como una decisión razonable y proporcional con relación al objetivo final perseguido que es garantizar la continuidad y accesibilidad a servicios públicos esenciales”.

El 7 de octubre, Casares encabezó la audiencia pública en la que se trataron los pedidos de Gasnea, Camuzzi Gas del Sur y Naturgy Noa. A los ojos de muchos especialistas, el trámite de la distribuidora que opera en el noreste argentino es irregular y podría ser judicializad0.