Mientras se confirmaba que Donald Trump será el nuevo presidente, el Gobierno de Estados Unidos decidió interceder en favor de la YPF en el juicio por la estatización, que lleva adelante la jueza Loretta Preska y que podría terminar con las acciones que el estado nacional tiene en la petrolera en manos de los fondos denunciantes.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un escrito en el que le pide a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York  que rechace la solicitud de los demandantes Burford y Eton Capital, que ganaron el juicio por la expropiación de YPF.

El Gobierno norteamericano, todavía a cargo de Joe Biden, hizo presentaciones idénticas en dos juicios ante los tribunales en  los que Argentina es demandada, el primero es “Petersen/Eton Park vs. Argentina“, originado en la expropiación de YPF y el segundo es “Bainbridge vs. Argentina“, en relación a los bonos emitidos antes de la crisis del 2001 que sus tenedores eligieron no canjear en las reestructuraciones ofrecidas por Argentina en los años 2005, 2010 y 2016.

En ambos casos los demandantes, Burford por Petersen y Eton Park y Bainbridge, pidieron a la Corte de Distrito que ordene a la Argentina a trasladar al estado de Nueva York las acciones de YPF S.A. que son propiedad de la Nación para proceder luego a su venta forzada y usar el producido para satisfacer las sentencias.

En este contexto el Departamento de Justicia de Estados Unidos le expresó a la Corte de Distrito que hacer lugar al pedido de las demandantes sería contrario a la ley americana y tendría repercusiones adversas para la política exterior del gobierno de los Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, bajo la ley de los Estados Unidos, la regla general es que la propiedad de un soberano ubicada fuera de los Estados Unidos goza de inmunidad absoluta.

Además, sostuvo que hacer lugar al pedido de las demandantes generaría un riesgo (adverso) de reciprocidad por gobiernos y cortes extranjeras con respecto a propiedades del gobierno de los Estados Unidos, con serias repercusiones para la política exterior de los Estados Unidos.

La manifestación clara y contundente del Departamento de Justicia respalda la oposición de la República Argentina a las medidas pedidas por las demandantes. Por su parte, la República Argentina continuará ejercitando sus derechos de defensa para revertir la decisión de la Corte de Distrito sobre el fondo de la cuestión.