El Gobierno Nacional, mediante una resolución del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) decidió poner fin a la potestad que tenían los municipios de cobrar tasas, principalmente para financiar el alumbrado público, en las facturas de las distribuidoras Edenor y Edesur.

 

En consecuencia, desde ahora las distribuidoras “deberán facturar únicamente conceptos afines a la prestación del servicio eléctrico“, es decir no podrá incluir ninguna tasa municipal ni ningún otro monto que no esté vinculado con dicho servicio. La medida rige para el Área Metropolitana de Buenos Aires,  la única donde la distribución de energía es jurisdicción federal.

 

En concreto, el ENRE derogó todas aquellas autorizaciones que había otorgado para permitirle a las empresas que incluyan conceptos ajenos a su servicio en la factura. El texto cita tres de esos permisos que datan de los años 90 en los que establecieron condiciones para poner en la boleta la tasa de alumbrado público municipal.

 

La norma, que lleva la firma del interventor Darío Arrúe,  se basa en la resolución 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada hace casi un mes, que estipulaba que toda información contenida en las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios debía referirse exclusivamente al bien o servicio contratado. Por ende, no podía incluirse ninguna suma o concepto que no estuviera directamente relacionado con el producto o servicio ofrecido.

 

El Gobierno alega que, de esta manera, se tienen en cuenta los derechos del consumidor, entre los que se encuentran “la protección de su salud, seguridad e intereses económicos”, así como el derecho a recibir información clara y veraz sobre los productos y servicios que consumen.

 

Desde hace un tiempo el ministro de Economía, Luis Caputo, viene incrementando la presión a los intendentes del conurbano para dejar de cobrar tasas y tributos a energía y combustibles, ante la resistencia de los jefes comunales, que alegan su derecho a hacerlo y las necesidades de financiamiento que tienen, en medio de recortes. Muchos interpretan que la ofensiva oficial busca culpar a los municipios por los aumentos en las tarifas de energía.