En un intento por avanzar en la normalización tarifaria del sector energético, quitar subsidios y minimizar el impacto en la inflación, el ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, decidió prorrogar el plazo para las revisiones tarifarias quinquenales de las empresas, a la vez que apura un cambio en la segmentación que impactará en las facturas finales que pagan los usuarios, en particular los de clase media.

El Decreto 1023/2024 extendió la emergencia energética -que vencía a fin de año- hasta el 9 de julio de 2025. De esta manera, se prorroga también el plazo para completar el análisis de las tarifas para los próximos 5 años, tanto para empresas de gas y electricidad. Justamente, el llamado a audiencia pública para debatir este punto y su posterior suspensión fue una de las últimas medidas adoptadas en la gestión de Eduardo Rodríguez Chirillo en la cartera de Energía y -de acuerdo a trascendidos- uno de los motivos de su despido.

La secretaria de Energía, María Tettamanti, ratificó ayer  que se está “avanzando” con la normalización tarifaria: “Lo ideal sería llegar a una revisión tarifaria que se concrete y que le dé señales a estas empresas reguladas por los próximos 5 años de cuál es el nivel de tarifas para que se animen a invertir”.  La falta de apuro para terminar con estos procesos -que se retomarían entre enero y febrero- se debe a que lo primero que incrementó la gestión de Milei fue el “valor agregado de distribución”, es decir los ingresos de las empresas. que en el caso de las distribuidoras Edenor y Edesur acumula una suba del 408 por ciento este año. 

La novedad es que el ministro de Economía está decidido a acelerar con la quita de subsidios a partir de la eliminación del esquema de segmentación, impulsado por Martín Guzmán e implementado por Sergio Massa. De acuerdo a lo señalado por uno de los responsables de la política tarifaria, antes de fin de año o en los primeros días del próximo se dispondrá que solo tengan subsidios los usuarios que hoy están bajo la “tarifa social” y una parte de los N2 (ingresos bajos), dentro de una política “focalizada” que pasará a tener una nueva denominación. De esta manera, los hogares de ingresos bajos que queden fuera de los subsidios tendrán fuertes aumentos en sus boletas. No está claro cuál será el parámetro para recibir aportes estatales en las facturas.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, los aumentos impactaron sobre todo en los hogares de altos ingresos, los N1, quienes hoy no tienen subsidios. En cambio, en la gestión libertaria se dio una fuerte suba en los N3 (ingresos medios), de más del 600 por ciento,  llegando a pagar el 56 por ciento del costo real de la energía. Por su parte, los N2 tuvieron los menores incrementos -400 or ciento-, aunque los del último bimestre fueron mayores que los de las otras categorías, y abonan el 32 por ciento del precio pleno.

La intensidad de la nueva quita de subsidios será establecida por Caputo para no afectar el objetivo central del Gobierno de mostrar cada mes una baja de la inflación, en armonía con el fortalecimiento del superávit fiscal, en un año que será más complicado en términos de vencimientos de deuda.

Para 2024 en el Palacio de Hacienda estiman que los subsidios totales a la energía, es decir tanto electricidad como gas, serán del orden de los 5.900 millones de dólares, monto que esperan llevar a menos de 4.000 millones dólares en el próximo ejercicio.