El Gobierno Nacional dio un nuevo paso en la ejecución del plan de transporte de energía eléctrica, lanzado con bombos y platillos en mayo pasado: comenzó a delinear el nuevo esquema por el cual se busca que las obras sean financiadas por empresas privadas y definió los primeros proyectos que se construirán. 

Mediante la resolución 315/2025, la Secretaría de Energía instruyó que las primeras obras sean AMBA I -fundamental para garantizar el abastecimiento en la zona metropolitana de Buenos Aires-, la Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins que vincula Cuyo y el Comahue,  y la de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca, que forman parte del conjunto de 16 proyectos prioritarios definidos por la Resolución 715/2025, en el marco del Plan de Contingencia para Meses Críticos 2024–2026, que son los mismos que se habían acordado durante la gestión de la massista Flavia Royón al frente de Energía. 

En rigor, el proyecto AMBA I -indispensable para resolver la falta de energía en la región por la posibilidad de aumentar la generación local o de traer de fuera- llegó a contar con financiamiento de bancos chinos, pero las internas del gobierno del Frente de Todos impidieron su concreción.

La Secretaría de Energía explicó en un comunicado de prensa que “las licitaciones serán de carácter nacional e internacional, abiertas a empresas con capacidad técnica y financiera para llevar adelante los proyectos”. Sin embargo, el mismo texto no brinda precisiones sobre plazos, ya que esa dependencia “determinará el momento y la secuencia de los llamados a licitación de cada una de ellas”.

Además, la dependencia que conduce María Tettamanti remarcó que “a diferencia de los modelos anteriores, el nuevo esquema se basa en un régimen de concesión de obra, en el cual la totalidad de la inversión, construcción, operación y mantenimiento estará a cargo del sector privado, sin comprometer recursos del Estado”.

De acuerdo con la norma publicada hoy, la subsecretaría de Energía Eléctrica, a cargo de Damián Sanfilippo, deberá diseñar los pliegos y determinar cuándo lanza la licitación de estas tres primeras obras, que por las estimaciones del sector no llegarían a finalizarse para el verano de 2027.

Tarifa y prioridad de uso

El punto más complejo es que la cartera de Energía indica que debe establecerse una tarifa para que los beneficiarios paguen las obras, un mecanismo previsto en la Ley de Energía Eléctrica de los años ´90, cuando las redes no estaban tan malladas por lo que era más sencillo establecer quiénes se beneficiaban con una ampliación, algo que ahora para algunos especialistas es casi inviable. 

Hasta ahora la gran mayoría de las redes de transporte en alta tensión fueron construidas por el Estado -por el Tesoro, fideicomisos o créditos externos. Si bien en otros momentos se hicieron algunas obras bajo la modalidad de construcción, operación y mantenimiento, se trató de tramos pequeños o de baja relevancia. 

Asimismo, tampoco se conoce la duración de las concesiones, aunque se supone que será el tiempo necesario para generar el flujo de fondos que permita repagar la obra, luego de ello los activos pasarán al Estado o pueden volver a privatizarse. 

Sin embargo, el punto más relevante es que el concesionario tendrá “prioridad” del uso para hasta el 90 por ciento de la capacidad, por lo que podría venderla a un tercero en forma exclusiva, tanto un gran usuario como un generador. En este último caso, dependiendo de la tecnología, podría encarecerse el funcionamiento del sistema.