El acuerdo con el FMI, anunciado el viernes pasado en medio de las tensiones cambiarias, tendrá un fuerte impacto en el sector energético. Es que el Gobierno se comprometió a tomar una serie de “acciones prioritarias”, como la eliminación del actual esquema segmentado de subsidios, la desregulación del mercado eléctrico y la privatización de empresas públicas, entre otros. 

De acuerdo al detalle que dio a conocer el propio FMI, el ministro Luis “Toto” Caputo deberá antes de fin año poner en marcha una fuerte reducción de subsidios a la energía, de los que solo quedará una única tarifa social que dejará afuera a amplios sectores medios. 

El organismo pretende que se unifiquen las bases de datos de subsidios y que se “racionalicen” , lo que en la práctica significa que se termina el esquema de subsidios segmentados, ideado por Martín Guzmán e implementado por Sergio Massa. 

En la actualidad, en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), hasta diciembre pasado había 9,5 millones de usuarios de electricidad con tarifa subsidiada, de los cuales 6,3 millones están en el Nivel 2 (bajos ingresos) y 3,2 millones en el Nivel 3 (ingresos medios), lo que se supone pasarán a pagar tarifa plena. Asimismo, en el caso del gas, 5,3 millones de los 9,5 millones de usuarios residenciales tienen tarifas subsidiadas.

La Secretaría de Energía, que conduce María Tettamanti, dejó trascender que las modificaciones serán graduales, no obstante deberá lidiar con la impaciencia del Fondo, sobre todo con una medida que impacta directamente en las arcas fiscales y es relativamente fácil implementar

En 2024 los subsidios a la energía eran del 1 por ciento del PBI y para este año se estima que rondará el 0,6 por ciento, de acuerdo a un consultor privado. 

Asimismo, el organismo con sede a Washington exige la reforma del mercado eléctrico mayorista y reclama, con una inusual precisión, la  implementación de la resolución 21/2025, para “impulsar la inversión y mejorar la viabilidad del sector”.

Esa norma estableció  habilita a las empresas energéticas a celebrar contratos sin la intermediación de (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), con la intención de recuperar un esquema de libre contratación.

Por otra parte, el FMI pide también que se avance con la privatización de las empresas incluidas en la Ley de Bases, entre las que se encuentra Enarsa y sus participaciones en empresas  como Transener, las usinas térmicas San Martín y Belgrano y las centrales hidroeléctricas del Comahue. 

Por último, el acuerdo ordena liquidar todos los fondos fiduciarios -como ocurrió días a atrás con el de obras de transporte eléctrico- pero deja a salvo el fondo para gas natural domiciliario, que es el que permite que se vendan garrafas a precio diferencial