La Cámara de Diputados de la Nación rechazó la posibilidad de que las distribuidoras eléctricas puedan compensar supuestos ingresos no percibidos por las distintas tarifas congeladas por deudas con CAMMESA. 

En un extenso debate, que finalizó de madrugada, el pleno de la cámara dejó afuera del texto final de la Ley Presupuesto 2026, que anoche obtuvo media sanción, el Capítulo XI, en donde se incluía el polémico artículo 74, con 117 votos en contra y 123 a favor, además de 2 abstenciones. 

Dicho mecanismo generó revuelo desde que el Ejecutivo lo incluyó en el proyecto de presupuesto remitido al Congreso, ya que se otorgaba a las distribuidoras eléctricas la posibilidad de que cancelen deudas con CAMMESA por el Valor Agregado de Distribución (VAD) no otorgado, en el marco de las leyes de emergencia.

El artículo indicaba que las distribuidoras podrán reclamar los fondos no percibidos “con motivo de las leyes de emergencia dictadas en materia de tarifas eléctricas, correspondientes a cualquiera de los Ejercicios en los que hubiera estado vigente, comparados con los ingresos que les hubieran correspondido de haberse aplicado el correspondiente pliego de concesión”.

Si bien el beneficio era para todas las distribuidoras del país, es decir tanto las que tiene jurisdicción nacional como provincial, el foco se posó de inmediato sobre Edenor y Edesur, quienes venían reclamando una medida de este tipo desde diciembre de 2019, cuando se dispuso un congelamiento tarifario con el cambio de Gobierno, que en rigor había comenzado en agosto luego de la derrota del PRO en las PASO. 

Analistas del sector recuerdan que en 2017 el gobierno de Mauricio Macri intentó algo similar. Lo llamativo es que en este caso fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, cuando en aquella oportunidad había sido impulsado por las provincias, que años atrás habían adherido a programas de convergencia de tarifas, a través de los cuales se comprometían a no subir las facturas a cambio de obras. 

Sin embargo, esas deudas ya se compensaron en 2021 a través del artículo 87 del Presupuesto de ese año,  en donde  se reconocieron los ingresos no percibidos por el congelamiento de la pandemia. 

Otro aspecto del artículo rechazado era que muchos consideraban que llevar adelante un cálculo de esas características para las 24 jurisdicciones, con sus normas y contratos de concesiones resultaba “prácticamente imposible”.