La primera privatización relevante del gobierno de Milei comienza a tener fuertes cuestionamientos. El llamado a licitación para la concesión de las de las represas El Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila sigue generando resistencias. 

Al reclamo de los gobernadores de Neuquén y Río Negro de tener participación en la elaboración del pliegos -algo nunca concretado a pesar de las promesas del entonces secretario Eduardo Rodríguez Chirillo– se suma la convocatoria aun debate abierto para discutir la situación de las centrales., convocado por el exdiputado de Neuquén Mariano Mansilla.

Si bien originalmente la privatización estaba en manos de la Secretaría de Energía, con un rol marginal de Enarsa, la semana pasada el Gobierno sumó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher, en “coordinación” con la cartera que ahora conduce María Tettamanti. El próximo paso debería ser la publicación del los pliegos donde se establezcan las condiciones y los márgenes para las empresas, punto central para que puedan aparecer interesados.

El evento, denominado Foro en Defensa de los ríos y la recuperación de las hidroeléctricas ante el intento privatizador del gobierno nacional, fue convocado para el martes 22 de octubre a las 17:30 en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

El debate se enfocará en el vencimiento de las concesiones de las represas, ocurrido hace dos años, y la decisión de los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei de prorrogar dichas concesiones, algo concretado por Enarsa, luego de varias postergaciones. 

Según lo expresado por Mansilla en declaraciones a Radio UNCo CALF, la preocupación central radica en que, tras la reforma constitucional de 1994, los recursos hídricos son de propiedad de las provincias, pero las decisiones en torno a las concesiones hidroeléctricas siguen siendo manejadas exclusivamente por el gobierno nacional.

«Se está consolidando un proceso de privatización sin la participación de las provincias de Neuquén y Río Negro, a pesar de que la Constitución establece que los ríos son propiedad provincial», enfatizó.

Mansilla denunció que el gobierno nacional creó cuatro empresas para gestionar las represas y que planea vender el paquete accionario a privados, excluyendo a las provincias en la toma de decisiones. Esta situación, describió, generó inquietud en sectores políticos de Neuquén, que consideran la falta de participación provincial como un retroceso a una etapa «preconstitucional», cuando estos territorios eran considerados federales.

El exdiputado señaló que el problema en torno a las represas se inserta en una disputa mayor entre las provincias y la Nación por el manejo de los ríos, especialmente en el contexto de Neuquén, donde los recursos hídricos son fundamentales.