Tras varios días de incertidumbre en la interconexión gasífera binacional, el Ministerio de Energía de Chile confirmó la reanudación del suministro de gas natural proveniente de la cuenca neuquina hacia las regiones de Ñuble y el Biobío. La interrupción, que comenzó el miércoles 1 de abril, no fue esta vez una decisión “política” de Argentina, sino un bloqueo técnico ejecutado por las autoridades trasandinas al detectar que el fluido no cumplía con los estándares de calidad contratados.

La reanudación del flujo de gas fue dispuesta por la ministra de Energía de Chile, Ximena Rincón, tras confirmar que los nuevos análisis técnicos arrojaron la ausencia de humedad excedente.

La anomalía técnica se detectó en el punto de medición de Valle Las Vacas, en la región de Ñuble. Según los informes técnicos, el fluido inyectado desde Vaca Muerta fue calificado como “gas húmedo”, al presentar un punto de rocío de hidrocarburos fuera de los parámetros permitidos por la normativa chilena.

Esta condición representa un riesgo operativo crítico para la infraestructura de transporte, ya que la presencia de líquidos pesados (como propano y butano) y otros sedimentos puede derivar en procesos de corrosión o congelamiento dentro de las cañerías. El gas afectado provenía de bloques convencionales y fue procesado en la planta El Portón antes de ingresar al Gasoducto del Pacífico, donde se registraron inconvenientes en los procesos de separación y acondicionamiento.

El incidente puso de relieve una brecha regulatoria entre ambos países. Mientras que en Argentina el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) se rige por la norma NAG-602, que establece un límite básico de vapor de agua de 65 mg/m³, la normativa chilena es sustancialmente más estricta.

El sistema chileno exige un mayor grado de refinamiento para proteger sus redes de distribución, las cuales operan bajo regímenes que no admiten la condensación de hidrocarburos pesados. Para validar la corrección del problema, ambos organismos (ENARGAS y la SEC de Chile) debieron cruzar datos técnicos y realizar estudios de cromatografía de gases para certificar que el gas “enmendado” cumplía finalmente con la Ley de Gas chilena.

El corte afectó contratos por un total de 833.000 metros cúbicos diarios, lo que representa aproximadamente el 10% de las exportaciones gasíferas totales de Argentina hacia Chile. Aunque el suministro residencial no sufrió alteraciones, el sector industrial debió activar protocolos de respaldo con combustibles líquidos (gasoil).