El gobernador Claudio Vidal presentó “Más Producción y Trabajo en el Sector Hidrocarburífero”, un nuevo esquema para reactivar yacimientos maduros mediante incentivos fiscales, además de promover Palermo AIke y el off shore.
9 de abril de 2026
El gobernador Claudio Vidal presentó “Más Producción y Trabajo en el Sector Hidrocarburífero”, un nuevo esquema para reactivar yacimientos maduros mediante incentivos fiscales, además de promover Palermo AIke y el off shore.

En un hecho calificado como histórico para la cuenca santacruceña, el gobernador Claudio Vidal presentó el programa “Más Producción y Trabajo en el Sector Hidrocarburífero”, un nuevo esquema que busca reactivar yacimientos, aumentar la producción y generar empleo genuino mediante incentivos fiscales vinculados directamente a la inversión real. El anuncio contó con la presencia de los principales ejecutivos de las petroleras que actúan en la provincia, marcando un fuerte consenso entre el sector público y privado.
Durante el acto central en Río Gallegos, Vidal fue enfático al señalar que el futuro de la provincia depende de recuperar la centralidad de la producción como motor económico. “Somos una provincia rica en recursos, pero tenemos que transformar esos recursos en producción real y empleo genuino”, afirmó ante los directivos de las compañías.
El mandatario provincial instó a las empresas a honrar los acuerdos y trabajar de manera colaborativa, destacando que el objetivo primordial es subir más equipos y sostener los puestos de trabajo existentes, mientras se crean nuevas oportunidades laborales. Asimismo, Vidal se mostró abierto a revisar esquemas normativos para asegurar la llegada de capitales, especialmente en áreas de alto potencial como Palermo Aike.

La convocatoria logró sentar en una misma mesa a los principales referentes de la industria. Horacio Marín, presidente de YPF, destacó la importancia del programa en un contexto donde Argentina busca consolidarse como exportador neto, con metas de alcanzar los 45.000 millones de dólares en exportaciones para 2031.
Por su parte, Hugo Eurnekian, CEO de CGC, valoró la coordinación entre el Estado, las empresas y los sindicatos, señalando que este esquema llega en el momento justo para consolidar mejoras de productividad. Desde la empresa Roch, Silvana Chacra subrayó que los incentivos anunciados son clave para que las compañías se sientan seguras para volver a invertir en la provincia. Otros directivos, como Gustavo Salerno de Patagonia Resources y Patricio Neuss, coincidieron en que el trabajo conjunto y la innovación tecnológica serán los pilares de esta nueva etapa.
El programa, formalizado junto al ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, define que los beneficios dependen del volumen de las inversiones. La autoridad de aplicación será el propio Ministerio de Energía, que evaluará técnicamente cada proyecto a través de la Secretaría de Estado de Hidrocarburos.

Álvarez remarcó que “la mayoría de los insumos y servicios deben ser santacruceños” y consideró que “los empresarios van a hacer todo lo posible en capacitar a los recursos humanos de nuestra provincia para que el cien por ciento sean santacruceños”.
Los puntos centrales detallados por la cartera de Álvarez incluyen regalías atadas a la inversión: las empresas sólo accederán a mejores condiciones si presentan planes de perforación, reactivación de equipos y producción incremental comprobable. En el caso de los yacimientos maduros, se establece una alícuota del 12%, con la posibilidad de una reducción de hasta 3 puntos porcentuales para la producción convencional incremental, con vigencia inicial hasta abril de 2027.
En tanto para los no Convencionales y Offshore –como los desarrollos en Palermo Aike o la formación D-129– se prevé una alícuota promocional del 5% con un horizonte de hasta 10 años. Las operadoras deberán presentar información detallada con carácter de declaración jurada, incluyendo datos históricos y planes económicos, para que el Estado valide los beneficios.
Este nuevo modelo santacruceño busca, en palabras del gobierno, un equilibrio entre el incentivo a la inversión privada y la defensa del interés público, garantizando que cada beneficio fiscal se traduzca en una mejora directa de la actividad en el campo y en la economía provincial.
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