El organismo multilateral otorgó un aval de USD 200 millones que también alcanza a la obra Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca. Antes de la apertura de ofertas, el ENReGE debe publicar la tarifa COP, el tope que ningún oferente podrá superar.
22 de octubre de 2026
El organismo multilateral otorgó un aval de USD 200 millones que también alcanza a la obra Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca. Antes de la apertura de ofertas, el ENReGE debe publicar la tarifa COP, el tope que ningún oferente podrá superar.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una Garantía de Inversión de USD 200 millones para respaldar el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, un paso clave para la licitación de AMBA I, la primera obra de transporte en alta tensión que el Gobierno impulsa con capital privado. El anuncio lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, tras varias semanas de negociaciones, como había anticipado El Post Energético venía siguiendo.
Según el ministro, el aval cubrirá AMBA I y el corredor Puerto Madryn–Choele Choel / Choele Choel–Bahía Blanca, y apunta a ampliar la capacidad de transmisión del Sistema Argentino de Interconexión. Caputo sostuvo que el programa beneficiará a unos 16 millones de usuarios y que la garantía consolida la “previsibilidad y reglas claras” para atraer inversión privada. Según expliaron desde la secretaría de Energía, AMBA I es la primera de las 16 iniciativas del plan, que prevé más de USD 6.600 millones de inversión y 5.610 km de líneas de 500 kV.
Por su parte, Viviana Alva Hart, representante del Grupo BID en Argentina, resaltó que “contar con una red de transmisión eléctrica confiable es esencial para sostener el crecimiento económico, atraer inversiones y mejorar los servicios que reciben los hogares y las empresas. AMBA I demuestra cómo, desde el Grupo BID, podemos combinar nuestras capacidades para movilizar inversión privada hacia infraestructura estratégica para el desarrollo de Argentina.
Hasta ahora no se informó cómo se reparte el aval entre las obras. Una semana atrás, el consultor Rogelio Baratchart, que asesora a la secretaría de Energía, había adelantado que la mitad de los USD 200 millones iría a AMBA I. En esa ocasión también contó que el área que conduce María Tettamanti buscaba ampliar la cobertura, por considerar baja su incidencia frente a una inversión de unos USD 800 millones. Tampoco está claro si la aprobación incluye ese refuerzo.
Por otro lado, el principal punto que sigue abierto es la tarifa máxima COP. Según el esquema diseñado por la secretaría de Energía, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) debe publicarla antes de la apertura del primer sobre, prevista para la primera quincena de diciembre. Es el valor de referencia que ningún oferente puede superar: gana quien solicite la menor tarifa, siempre que no exceda ese tope.
Ese valor será determinante para los usuarios. Como adelantó este medio, la obra será repagada en un 70% por los clientes de las distribuidoras del AMBA y en un 30% por todo el sistema, donde también están incluidos los usuarios metropolitanos, por lo que pagarán dos veces. Baratchart estimó un impacto de entre USD 4,5 y 5,8 por MWh para un cliente de Edenor, según la tasa interna de retorno que se tome. Esa cifra equivaldría a unos $3.300 mensuales en la factura de un usuario de consumo bajo durante 15 años.

La tarifa estará expresada en dólares, pero su fórmula de actualización aún no se dio a conocer. Para los potenciales oferentes es un dato central, por la volatilidad del costo del equipamiento. Los transformadores los aportará CAMMESA mediante compra directa, con fondos de la cuenta de exportaciones de energía.
Sigue sin resolverse qué pasará con la línea de 500 kV Vivoratá-Plomer. Había sido incluida en el diseño original, pero fue descartada al licitar para abaratar el proyecto. Desde Energía evaluarían alternativas para construirla, ya que es clave para dar energía firme a la nueva estación transformadora del nodo metropolitano.
El cronograma prevé la adjudicación hacia comienzos de 2027 y 48 meses de obra. Los usuarios pagarán recién cuando cada lote esté habilitado, durante 84 meses.
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