Mendoza sancionó una nueva ley de hidrocarburos que modifica el marco regulatorio de la actividad en la provincia, con un esquema de regalías que parte de una base del 15%, incentivos para reactivar pozos y desarrollar proyectos no convencionales, y un régimen de sanciones que puede alcanzar multas equivalentes a 2,09 millones de litros de nafta súper.

 

La norma, registrada como Ley 9.744, reemplaza el régimen establecido por las leyes 7.526 y 9.137 y redefine los procedimientos para la adjudicación de áreas, las obligaciones de las empresas y las facultades de fiscalización del Estado provincial. Fue sancionada por la Legislatura mendocina el 10 de noviembre y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

 

El nuevo marco apunta a dos objetivos centrales: recuperar la actividad en los yacimientos convencionales maduros, varios de ellos devueltos por sus anteriores concesionarios, y establecer condiciones para desarrollar los recursos no convencionales en el sur provincial, donde se encuentra la extensión mendocina de Vaca Muerta.

 

Uno de los principales cambios está en el esquema de regalías: la ley establece una alícuota base del 15% para las nuevas licitaciones, sobre la cual las empresas deberán presentar sus ofertas mediante un componente adicional denominado “X”. Ese porcentaje podrá ser positivo o negativo, por lo que las compañías podrán ofrecer una regalía inferior al 15%.

 

 

La adjudicación no dependerá exclusivamente de la alícuota ofrecida. La norma establece que la fórmula de evaluación deberá considerar el valor total del proyecto, las inversiones comprometidas y la producción asociada, y fija como factor preponderante el monto de inversión propuesto por cada oferente.

 

Además, una vez adjudicada el área, el Poder Ejecutivo podrá reducir la regalía prevista en el título hasta el 5%, en función de la productividad, las condiciones y la ubicación de los pozos. Para acceder a esa reducción, la empresa deberá haber cumplido efectivamente los plazos y el plan de inversiones comprometidos.

 

El régimen también contempla la posibilidad de establecer incentivos específicos con regalías inferiores al 5% para proyectos orientados a reactivar pozos inactivos, explorar áreas complementarias, explotar crudos pesados o aplicar técnicas de recuperación mejorada.

 

La ley incorpora herramientas para estimular inversiones en áreas que necesitan nuevos desembolsos para sostener o recuperar su producción. Entre ellas, habilita al Ejecutivo a compensar parcialmente el canon de explotación cuando una concesionaria proponga realizar actividades de riesgo exploratorio, exploración complementaria o un proyecto piloto de explotación no convencional.

 

Otro aspecto relevante para el desarrollo no convencional es que la ley exceptúa del procedimiento de licitación pública a las reconversiones de concesiones de explotación convencional a no convencional previstas en la Ley Nacional de Hidrocarburos. Esta herramienta puede facilitar el desarrollo de recursos no convencionales en áreas que ya cuentan con concesiones vigentes, siempre bajo las condiciones establecidas por la legislación nacional y provincial.

 

Los permisos de exploración y las concesiones de explotación deberán otorgarse mediante licitación pública. La ley permite que los interesados presenten propuestas sobre áreas libres o cuyos títulos estén próximos a vencer, con un plan de actividades, cronograma de trabajo, superficie y propuesta de regalías.

 

Si el Gobierno provincial considera que la iniciativa es de interés público, podrá autorizar el llamado a licitación. En ese caso, quien haya presentado el proyecto inicial tendrá derecho de preferencia en igualdad de condiciones, de acuerdo con lo que establezcan los pliegos. La norma también establece que las empresas deberán contar con domicilio especial en Mendoza e inscribirse en el Registro Provincial de la Actividad Hidrocarburífera.

 

 

Entre las obligaciones incorporadas por la nueva ley figura la inclusión de programas destinados a ampliar la red de proveedores mendocinos de bienes, servicios y obras. Las empresas deberán tender a priorizar la contratación de trabajadores de la provincia y las compras en el mercado local, siempre que existan condiciones equivalentes de capacidad, responsabilidad, calidad y precio.

 

Un punto central es que la renuncia, reversión o vencimiento de una concesión no libera a las empresas de esas obligaciones. La responsabilidad por el abandono de pozos y la recomposición ambiental deberá mantenerse aun después de que finalice el derecho de explotación.

 

La norma también regula la relación entre las operadoras y los propietarios de los terrenos donde se desarrollan las actividades. Establece la obligación de indemnizar por el uso de la superficie y los perjuicios ocasionados, y contempla mecanismos para constituir servidumbres administrativas cuando no exista acuerdo con los superficiarios.

 

Por último, la Ley 9.744 establece un nuevo régimen sancionatorio para los incumplimientos de las obligaciones técnicas, operativas, económicas, informativas y ambientales bajo competencia provincial. Las infracciones se clasifican en leves, graves, muy graves y gravísimas, según el riesgo generado, el daño ocasionado y las características de la conducta.

 

Con esta nueva norma, Mendoza busca actualizar su marco regulatorio y establecer nuevas condiciones para atraer inversiones en un escenario de caída de la producción convencional y oportunidades de desarrollo no convencional. La aplicación concreta del nuevo régimen dependerá ahora de su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo provincial y de los pliegos que definan las futuras licitaciones.