El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido formal de información pública dirigido al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Energía de la Nación, en su carácter de autoridad de aplicación de la llamada “Ley Solanas”. Dicha norma regula las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y prohíbe realizar estas actividades sin la autorización del Estado nacional, con castigos que incluyen severas multas e inhabilitaciones de hasta 20 años a personas o empresas (y a sus directores, accionistas o proveedores) que operen de manera ilegal en áreas disputadas como las Islas Malvinas. 

 

La presentación, realizada el 10 de septiembre de 2026, busca transparentar las actuaciones estatales ante las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en espacios marítimos sujetos a la soberanía argentina y la cuenca de Malvinas. El requerimiento se fundamenta en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, así como en las Leyes N° 26.659 y N° 26.915. Esta solicitud surge en un escenario donde el Poder Ejecutivo vinculó el acceso a permisos y concesiones en Vaca Muerta con la obligación de demostrar que no se incurre en las conductas prohibidas por la legislación de soberanía en Malvinas.

 

En el primer bloque de su presentación, el legislador solicitó detallar los permisos, autorizaciones, habilitaciones o excepciones otorgadas entre enero de 2023 y la actualidad bajo el régimen de la Ley 26.659. Asimismo, exigió precisar los protocolos, procedimientos internos y matrices de riesgo que utiliza la autoridad energética para determinar eventuales infracciones.

 

 

Paulón pidió un desglose completo de las infracciones detectadas y de las sanciones aplicadas durante el mismo período, incluyendo las empresas o personas físicas involucradas, los montos económicos fijados, el estado de los expedientes y la existencia de recursos o medidas cautelares presentadas por los sancionados. A su vez, el requerimiento solicita describir la coordinación entre la Secretaría de Energía y otros organismos del Estado, requiriendo específicamente la nómina de dictámenes y comunicaciones intercambiadas con la Cancillería argentina.

 

Lupa sobre los 60 casos citados por Milei, el RIGI y Vaca Muerta

 

Uno de los ejes centrales de la nota indaga sobre los supuestos 60 casos de personas físicas o jurídicas que el presidente Javier Milei identificó públicamente como alcanzadas o sancionadas bajo la Ley 26.659. El diputado solicitó confirmar si se iniciaron actuaciones contra estos actores y si la autoridad de aplicación verificó la existencia de accionistas, sociedades vinculadas o representantes con domicilio fiscal en el país.

 

Además, el pedido busca determinar si las firmas señaladas mantienen contratos o concesiones con el Estado Nacional, o si se han beneficiado de regímenes promocionales como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Finalmente, Paulón consultó si alguna de las entidades asociadas a las operaciones no autorizadas en Malvinas realizó trámites, consultas o solicitudes vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en Vaca Muerta, solicitando que la respuesta sea provista en formato digital abierto bajo la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.