El proceso de privatización de las pocas joyas del sistema energético en manos del Estado sigue su curso. El Gobierno nacional concretó la liquidación final de los fideicomisos propietarios de las centrales térmicas Manuel Belgrano (TMB) y José de San Martín (TSM), cumpliendo con el trámite necesario para que el Estado pueda desprenderse de sus acciones antes de fin de año, como anunció semanas atrás el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Según documentos oficiales, a los que accedió El Post Energético, Enarsa y los generadores privados suscribieron el pasado 1 de junio el “Convenio de Extinción y Transferencia” de ambos fideicomisos. Mediante este acuerdo, la totalidad de los bienes, derechos, contratos y activos —que hasta ahora estaban bajo la figura fiduciaria del BICE— se transfieren íntegramente a las firmas Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. y Termoeléctrica José de San Martín S.A.. En sendas notas, los titulares ambas sociedades notifican del cambio a la secretaría de Energía, María Tettamanti, y piden el cambio de titularidad como Agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), a partir del 1 de julio de 2026.

El acuerdo entre los accionistas de las usinas se concretó luego de que Caputo, durante la apertura de la Expo EFI 2026, anunciara que el objetivo era terminar las privatizaciones de activos energéticos antes de que concluya el año, con la meta de generar ingresos por USD 2.000 millones, entre los que contabilizó las centrales. 

Las usinas, ubicadas en Campana (Buenos Aires) y Timbúes (Santa Fe), son piezas críticas para la estabilidad del sistema: cada una cuenta con una potencia de 865 MW. Su ubicación estratégica las vuelve fundamentales para el abastecimiento de la zona con mayor demanda eléctrica del país.

El desguace de Enarsa

La venta de las acciones se encuadra en el decreto 286/2025, que puso en marcha el desguace de la empresa estatal Enarsa, la cual posee actualmente cerca del 65% del paquete accionario en Belgrano y un 68,3% en San Martín. El resto del capital se reparte entre socios privados como Central Puerto (10,6%), AES (7,1%), Enel (6,2%) y Pampa Energía (3,2%), entre otros.

Para facilitar la salida del Estado, el Gobierno logró incluir en la Ley de Presupuesto 2026 un artículo que exime del pago del Impuesto a las Ganancias a la liquidación de estos fideicomisos. Se estima que los activos a devolver —entre infraestructura y recursos líquidos— alcanzan los USD 300 millones por usina, y el ahorro impositivo por esta exención rondaría los USD 100 millones por central.

Construidas originalmente bajo el programa FONINVEMEM durante la gestión de Néstor Kirchner para saldar deudas con los generadores privados, estas centrales de ciclo combinado dejarán de estar bajo órbita estatal en los próximos meses, marcando un hito en la venta de activos estratégicos en el sector energético del Palacio de Hacienda, que ya concretó la entrega de un cuarto de las acciones de Transener y la concesión de las represas del Comahue, marcando el vertiginoso crecimiento de Edison Energía, el holding que encabezan los hermanos Neuss.