Las marchas y contramarchas en la gestión de energética del Gobierno Nacional sumaron un nuevo capítulo, con la suspensión de la audiencia pública que hace menos de dos semanas había convocado el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE),  buscando establecer nuevas tarifas para el segmento del transporte de electricidad. Esto iba a significar un nuevo aumento, en momentos en que tanto el presidente Javier Milei como su ministro de Economía, Luis Caputo, salieron a festejar el último índice de inflación.

Mediante la Resolución 743/2024 publicada en el Boletín Oficial,  el ENRE dispuso “dejar sin efecto la convocatoria a audiencia pública para el día 5 de noviembre de 2024”, que había sido anunciada a principios de octubre. “Teniendo en cuenta la positiva reacción de la economía a las acciones implementadas por el Ministerio de Economía y la notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, resulta razonable y prudente postergar la realización de la Audiencia Pública hasta la fecha que oportunamente se determine”, indica el texto de la resolución, que tiene la firma del interventor Darío Arrué.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo viene llevando una dura interna con Daniel Gonzalez, designado como coordinador del área por Caputo pero en la práctica un “controller” político de “Toto” en el área. En los últimos días crecieron los rumores de salida de funcionarios de Energía, sobre todo tras la reunión entre el exfuncionario Emilio Apud -como parte de los equipos técnicos del macrismo-  con el propio Gonzalez, para sugerirle cuadros de gestión del PRO para ocupar espacios en la cartera.

La audiencia buscaba “poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto de las propuestas tarifarias presentadas por las empresas concesionarias del servicio público de transporte de energía eléctrica”. Las empresas transportistas son Transcomahue, Transnea, Transnoa, Transba, Transpa, Epen, Distrocuyo y Transener y las tarifas a fijar eran las correspondientes a partir del 1 de enero de 2025 y hasta 2029, en el marco del Proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que dispuso el ENRE en abril pasado.

La medida sorprendió en el sector porque el impacto era bajo en las facturas que pagan los usuarios pero la postergación implica un retroceso en la “normalización” del marco regulatorio que se propone llevar adelante la Secretaría de Energía.