Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, destacó en el AmCham Energy Forum que la formación neuquina elevó 89% sus recursos recuperables de petróleo respecto de las estimaciones de 2013, según un reciente estudio del IAPG.
Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, destacó en el AmCham Energy Forum que la formación neuquina elevó 89% sus recursos recuperables de petróleo respecto de las estimaciones de 2013, según un reciente estudio del IAPG.
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Un anuncio de Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, sorprendió en el AmCham Energy Forum, donde además explicó los objetivos de la obra de expansión eléctrica AMBA I y trazó un panorama sobre la política energética oficial y el futuro de los subsidios.
El titular de Energía y Minería destacó que Vaca Muerta posee 30.000 millones de barriles de petróleo, según un nuevo estudio realizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), que elevó la estimación de los recursos técnicamente recuperables de crudo de la formación neuquina. “El estudio actualiza una estimación que tenía alrededor de 15 años y prácticamente duplica el cálculo anterior”, afirmó González.
El dato, sostuvo, refleja la expansión de la superficie considerada productiva de la formación, tanto hacia Río Negro como hacia Mendoza, además de un mayor espesor útil y la mejora de los factores de recuperación derivados de la incorporación de tecnología y del aprendizaje acumulado por la industria.
El funcionario dimensionó el volumen señalando que, al ritmo actual de producción, esos recursos equivaldrían a casi un siglo de producción total de petróleo, aunque aclaró que se trata del potencial técnicamente recuperable del recurso y no de reservas listas para ser producidas.
El IAPG ya había señalado en publicaciones anteriores el potencial de Vaca Muerta para sostener un fuerte crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas, con estimaciones de hasta US$ 30.000 millones anuales en exportaciones si se desarrolla la infraestructura necesaria.
Durante el foro, González también se expresó respecto a la ampliación del sistema de transporte eléctrico AMBA I, cuya licitación se lanzó esta semana y será pagada por la demanda, que no sólo permitirá atender una de las principales urgencias de la red en cuanto a la disponibilidad de potencia, sino que también será un paso necesario para avanzar hacia una reducción del costo de la energía en Argentina.
“AMBA I es un paso necesario” dentro de un conjunto de medidas destinadas a “mejorar la disponibilidad de potencia en el sistema” y, al mismo tiempo, “empezar a bajar el costo de energía”, sostuvo el funcionario.
La obra contempla una ampliación de la capacidad de transporte y transformación eléctrica y será instrumentada bajo un esquema de concesión de obra pública con participación privada. La ampliación del transporte es señalada como uno de los principales cuellos de botella del sistema eléctrico argentino, después de años con inversiones insuficientes en infraestructura.
En simultáneo, González planteó que el objetivo de largo plazo de la política energética no debe limitarse a discutir cuánto se subsidia la electricidad, sino a reducir el costo estructural del sistema. “En vez de discutir solamente cómo y cuánto subsidiamos, la mejor manera de reducir los subsidios es bajar el costo de energía”, afirmó.
El secretario reconoció que las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura pueden generar inicialmente un pequeño incremento en los costos, dado que el objetivo es que sean afrontadas por la demanda y no por el Estado nacional.
En ese sentido, vinculó AMBA I con otras medidas impulsadas por el Gobierno, como las licitaciones de sistemas de almacenamiento mediante baterías, que también apuntan a mejorar la capacidad de respuesta y la disponibilidad del sistema eléctrico.
El funcionario explicó que el costo de la energía durante el invierno fue superior al previsto, principalmente por el aumento del precio del GNL y por una menor disponibilidad hidroeléctrica al comienzo de la temporada, lo que elevó los subsidios energéticos, aunque anticipó una reducción gradual de subsidios, ya que esa situación comenzó a revertirse con la recuperación de los niveles de agua. La política de reducción de subsidios continuará, aunque a un ritmo más gradual que el previsto inicialmente.
Según González, desde el inicio de la actual administración los subsidios energéticos se redujeron prácticamente en 1 punto del PBI. Para este año, estimó que la reducción rondaría el 0,55% del producto, algo por encima del objetivo inicial de 0,5%.
El secretario coordinador planteó que el ritmo de la reducción dependerá tanto de la política energética como de la evolución de la economía. “En la medida que el costo de energía empiece a bajar, la reducción de subsidios puede acelerarse un poquito”, explicó.
En la actualidad, según los datos aportados por González, más de la mitad de los usuarios residenciales continúa recibiendo algún tipo de subsidio. En electricidad, indicó que el subsidio representa algo más del 60% del costo de la energía para los hogares alcanzados, mientras que durante el invierno el subsidio al gas llegó a representar alrededor del 75% del costo.
González cerró su exposición con una definición que sintetizó la estrategia oficial para los próximos meses: el Gobierno continuará avanzando con la reducción de subsidios y las reformas del sector energético, pero el ritmo estará condicionado por la situación económica.
La idea, según explicó, es combinar las decisiones de política energética con la evolución de la economía y evitar que la eliminación de subsidios genere un impacto mayor sobre los usuarios.
En paralelo, el Gobierno apuesta a que las inversiones en transporte eléctrico, infraestructura de hidrocarburos y generación permitan reducir progresivamente los costos estructurales del sistema.
Para González, AMBA I forma parte de ese proceso: una obra necesaria para resolver las restricciones inmediatas de la red, pero también una pieza dentro de una estrategia más amplia que apunta a que el sistema energético argentino pueda funcionar con mayor inversión privada, menos subsidios y costos más bajos.
