Apenas unos días después de que el nuevo directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) tomara posesión de sus cargos, el organismo decidió poner un freno a los plazos administrativos. A través de la Resolución 4/2026, publicada hoy, se declararon días inhábiles administrativos entre el 15 y el 29 de mayo de 2026 inclusive.

Esta medida, que en la práctica funciona como un “asueto” para el cómputo de plazos procesales, responde a la necesidad de llevar adelante la compleja unificación y migración de personal y expedientes de los antiguos ENRE y ENARGAS hacia la nueva estructura.

Según los considerandos de la norma firmada por el flamante directorio, el proceso de migración al sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) involucra un volumen de información tal que obliga a tomar medidas excepcionales para evitar “perjuicios derivados de posibles interrupciones o inconsistencias en el acceso a la información”.

El directorio, encabezado por Néstor Marcelo Lamboglia —cuya designación fue cuestionada por su previa gestión como interventor del ENRE y paso como empleado “fantasma” de ENARGAS,  busca garantizar que la transición no afecte los derechos de los administrados durante la fusión de las entidades

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El ENRGE, creado bajo el amparo de la Ley de Bases, absorbió formalmente las funciones de control del gas y la electricidad el pasado 13 de mayo, cuando el directorio quedó constituido tras el polémico proceso de selección. Junto a Lamboglia, integran el cuerpo Vicente Serra (vicepresidente) y los vocales Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Sergio Falzone.

Durante estos 15 días de inactividad administrativa, los expedientes en trámite quedarán en suspenso, aunque la resolución aclara que esto no afectará la validez de los actos procedimentales que se cumplan en ese lapso.

No todo el organismo quedará paralizado. La resolución establece excepciones críticas para no detener procesos urgentes o de interés público. Quedan fuera del congelamiento de plazos: las audiencias públicas ya convocadas,trámites vinculados a accesos y ampliaciones de red y procedimientos específicos contemplados en la Ley 24.065, como los referentes a obras solicitadas por la Secretaría de Energía.

Con esta decisión, la gestión libertaria en el sector energético busca ordenar administrativamente lo que la oposición y diversos especialistas han tildado de un proceso de unificación discrecional y apresurado.