El Congreso de la Nación puso primera y activó, tras 10 años, la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, creada en los años ´90, cuando se vendieron varias empresas públicas. El salteño Juan Carlos Romero, peronista disidente, quedó al frente y ya se impulsó el pedido de informes sobre 7 compañías, en particular Nucleoeléctrica Argentina. 

Cuando se sancionó la Ley de Bases, que habilita al gobierno a desprenderse de un listado de empresas estatales, se incluyó la obligación de informar a la bicameral, aunque no está claro si debe dar luz verde o puede rechazarlas. 

“Lo que menos podemos hacer es opinar si no tenemos recabada información”, disparó Romero, a la vez que  explicó que los datos podrán ser remitidos por escrito o con citación de funcionarios. “Después, sí, la comisión puede emitir dictamen. Es conveniente que haya un dictamen, por más que la ley no diga que es vinculante. Y puede ser mayoría o minoría, pero no dejan de ser voces respecto a un proceso determinado”.

El apuro de la gestión libertaria por vender el 44 por ciento de las acciones de la empresa que opera las centrales nucleares, y la creciente oposición a que el Estado entregue ese activo estratégico, puso en marcha en el Congreso diversos mecanismos para evitarla o al menos demorarla.

Romero destacó que la comisión quiere conocer el motivo por el cual se quiere vender un 44 por ciento del capital social de la empresa y se destina un 5 por ciento de propiedad participada, qué entidad bancaria realizará la tasación; cuales son los antecedentes de valuación de activos complejos y flujos; metodología para definir un valor cuantificable.  

Además, se quiere saber cómo será la evaluación del “conocimiento” de la empresa que gane, la licencia social de operación, para que la misma se vea reflejada en el precio base; cuál será el destino específico de fondos que se obtengan ante una potencial venta; distribución de directorio; estatuto y cláusulas que protejan o requieran el voto del Estado; y política de uranio y abastecimiento.

Por su parte, el jefe del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, calificó de “tema estratégico para el país” y pidió avanzar rápido en ambas cámaras: “Hay más de 70 años de inversión en todo esto”. El legislador adelantó que hoy habrá un plenario para tratar la declaración de “interés público y estratégico no enajenable el Desarrollo Nuclear Argentino vinculado con el uso pacífico de la energía nuclear y las radiaciones ionizantes de conformidad con los Tratados Internacionales en materia nuclear suscriptos por la República Argentina.

Además de Nucleoeléctrica Argentina, el pedido de informes aprobado se refiere a YCRT y Enarsa, donde se mira con atención la concesión de las represas del Comahue. La secretaría de Energía conocerá el 23 de octubre quiénes son los interesados.

La comisión quedó integrada por representantes de todas las fuerzas: además de Romero, la vicepresidencia quedó a cargo de la santacruceña Ana Maria Ianni. También participan los senadores José Mayans, Mariano Recalde, Bruno Olivera Lucero, Eduardo Vischi, Carlos Espínola y los diputados Diego Santilli, Julia Strada, Victoria Borrego, Pablo Cervi y Facundo Correa Llano. Las reuniones se realizarán los martes a las 17.