En forma sorpresiva, las distribuidoras de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edesur y Edenor, le pidieron al gobierno nacional que aplique nuevos aumentos en el servicio eléctrico y una actualización atada a la inflación.

El planteo de ambas empresas arroja una suba de al menos 10 por ciento en los cuadros tarifarios vigentes, que comenzarán a aplicarse el 1 de abril.

La solicitud fue realizada durante una audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), correspondiente al Proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que no solo involucra a tarifas sino también a los parámetros de calidad de servicio de los próximos años, penalidades por incumplimientos y planes de inversión de las distribuidoras.

Para justificar su pretensión, Edenor  aseguró que “a nivel internacional la factura mensual con impuestos alcanzaría un valor de 27 dólares por un consumo de 275 kWh muy por debajo de otros países como Brasil (44 dólares), en Chile y Perú de (59 dólares) y Uruguay (73 dólares)”. 

Además, la compañía de Vila, Manzano y Filiberti, busca que la suba en el Valor Agregado de Distribución (VAD) sea de manera automática y periódica a través de una fórmula compuesta mayormente por el Índice de Salarios (43,6%), el Índice de Precios Mayoristas (29,6%) y el Índice de Precios al Consumidor (26,8%).

Por el lado de Edesur, se detalló el pedido de “simplificar las escalas tarifarias, pasando de 6 a 2 categorías”, así como pidió incrementar el valor de los recargos por exceso de potencia. Según detallaron las distribuidoras, la tarifa que paga un usuario se compone de cuatro elementos en distintos porcentajes: la generación abarca el 44% de lo que se paga, la distribución demanda el 30%, el 24% son impuestos y el transporte, el 2%.

Durante la audiencia, Fernanda Lacey, en representación de las asociaciones que integran la Comisión de Usuarios Residenciales del ENRE, recordó que “entre febrero de 2024 y enero de 2025, las tarifas de Edenor y Edesur aumentaron en promedio un 431%, cuando la inflación en el mismo período fue 85%. Es decir, tuvieron un incremento extra de 187%”. Entre las objeciones planteadas, advirtió que las empresas “pretenden incorporar a los incobrables como ítem, es decir que dentro de las tarifas los usuarios pagarían las deudas de quienes no pagaron”.

El ente regulador y la Secretaría de Energía deberán analizar los números y dar una respuesta en las próximas semanas al pedido que, según el argumento de las empresas, fue hecho de acuerdo a “la evolución del perfil de los consumidores en los últimos años”. “Las empresas pidieron ajustes mensuales, revisiones trimestrales y en el caso de Edesur compensación anual y reducir las categorías de 6 a 2. Las modificaciones introducidas para las proyecciones reducen la calidad del servicio, flexibilizan las sanciones a las distribuidoras y trasladan costos injustificados a la tarifa”, advirtió durante la audiencia el ex interventor del ENRE, Walter Martello.