A pocos días de que se conozcan las ofertas para quedarse por 30 años con la concesión de las represas del Comahue, la senadora nacional por Río Negro, Silvina García Larraburu, denunció que el proceso es “un capitulo más del saqueo” porque no tiene “precio base”.

La legisladora de Unidad Ciudadana, con mandato por vencer, cuestionó en una columna publicada en el sitio Infobariloche, el  llamado a licitación el pública nacional e internacional para vender el paquete de acciones de las centrales Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Cerros Colorados “sin un valor mínimo de referencia para el patrimonio nacional que se pretende rematar”.

“La decisión de licitar sin base, y sin consulta federal constituye un acto de servilismo económico frente a los intereses del capital financiero internacional. Es un paso más en la destrucción del Estado Nacional y en la desarticulación del sistema energético argentino”, acusó la legisladora y agregó: “Por eso reiteramos nuestro repudio a la privatización de las hidroeléctricas y exigimos que se suspenda el proceso licitatorio hasta que se garantice un esquema de gestión pública y federal”.

Larraburu recordó que las represas hidroeléctricas patagónicas fueron construidas por el Estado a través de HIDRONOR desde la década del 60, están “completamente amortizadas” y han generado “ganancias extraordinarias a lo largo de los años”.

En total, la potencia nominal instalada entre todas las centrales es de unos 4.170 megawatts (MW), que representan entre el 10% y el 15% de la matriz energética nacional. “Privatizarlas es entregar el control sobre el agua, que la Constitución Nacional en el artículo 124, reconoce como recurso de dominio originario de las provincias”.

La senadora advirtió que no es la primera vez que se intenta esto: “En los años ’90, las concesiones hidroeléctricas fueron sinónimo de vaciamiento, desinversión y fuga de capitales. Las empresas extranjeras que se beneficiaron entonces usufructuaron instalaciones construidas por el Estado sin realizar las inversiones necesarias, mientras el país perdía soberanía sobre su sistema energético”.

Asimismo, Larraburu remarcó que dede el Senado se presentó en 2022 un proyecto que proponía que al finalizar las concesiones las represas pasaran a ser gestionadas por Enarsa, en articulación con las provincias de Río Negro y Neuquén, algo que no prosperó.

“Frente al avance del Ejecutivo, en agosto de 2025 presentamos un amparo judicial solicitando la suspensión del proceso licitatorio, por considerar que viola la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el principio de participación de las provincias en el manejo de sus recursos naturales”, concluyó.

La secretaría de Energía, que conduce María Tettamanti, confirmó la semana pasada la realización de la apertura de ofertas para la licitaciones de las represas del Comahue el 23 de octubre, luego de algunas compañías pidieran -incluso en forma pública- que se prorrogue el plazo.