A pesar de haber anunciado con bombos y platillos la firma de un acuerdo entre la Secretaría de Energía y la empresa Enarsa para que las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro se hicieran cargo del financiamiento, la ampliación del Gasoducto Cordillerano Patagónico continúa paralizada.

En enero, los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa, firmaron un acuerdo entre ellos para terminar la ampliación del gasoducto. La idea, recién asumidos, era que se empezaran las obras con cierta premura en el verano para que pudieran estar, en parte, en el invierno.

Ante ese escenario, y para mostrar algún movimiento, Enarsa ordenó trasladar los equipos motocompresores desde la fábríca de la empresa Secco en Rosario a Río Senger, en Chubut. Tras varias reuniones, a principios de mayo se firmó el acuerdo, entre Nación y las provincias, que permitía  la conexión de unos 15 mil hogares.

De esta manera, la puesta en marcha de tres plantas de compresión de gas en las localidades de Gobernador Costa y Río Senguer, que serían instaladas por las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro, las cuales asumirían con fondos propios el costo total estimado de 8,5 millones de dólares que supone la culminación del gasoducto, en un contexto signado por la paralización de la obra pública nacional en todo el territorio argentino.

Desde entonces, el paso siguiente fue que Río Negro iba a poner el 50% del costo de la ampliación porque al fin y al cabo es la provincia donde más consumidores domiciliarios se iban a beneficiar. La otra mitad se dividió en partes iguales entre Neuquén y Chubut.

La obra quedaba a cargo de Camuzzi, la empresa que distribuye el gas y según trascendió, el flujo de fondos de las provincias quedó en pausa.

“Al pedir la recotización de la obra se dio una diferencia muy grande, de 5 a 30 fue la relación y están viendo quién pone el dinero”, informó una fuente con acceso al esquema de financiamiento, de acuerdo con un artículo del diario Río Negro, que estima que la “mesa chica” integrada por gobernadores, Nación y Camuzzi definirá quién o quiénes ponen los fondos.

En su momento cuando se pactó la ampliación, con el aval de los gobernadores, “la obra tiene una duración estimada de 12 meses, si aparecen los fondos para fines del año 2025 podría estar, pero las probabilidades son reducidas”.