Uno de los grandes proyectos nucleares argentinos entró en su etapa final. El Gobierno confirmó que el reactor nuclear RA-10 comenzará a funcionar el año que viene, mientras busca un modelo de gestión que incorpore inversión privada para financiar una planta de fabricación de radioisótopos.

 

El anuncio fue realizado por Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares, durante una recorrida por el reactor “multipropósito”, emplazado en el Centro Atómico Ezeiza. También participaron el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Martín Porro, y otros funcionarios.

 

Ramos Nápoli remarcó que el proyecto tiene, a la fecha, un avance del 96% y explicó que las tareas pendientes están, en gran medida, relacionadas con los ensayos y el licenciamiento por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). La “criticidad” —como se conoce en la jerga al inicio de la actividad nuclear de un reactor— podría alcanzarse antes de fin de año. Durante 2027 se completarían todos los pasos necesarios para que la instalación entre en operación durante el segundo semestre.

 

En paralelo, el funcionario aseguró que se creará una empresa para gestionar y operar el reactor, en la que participará un socio privado, con un porcentaje todavía por determinar. La CNEA, sin embargo, seguirá siendo dueña de los activos y mantendrá la acción de oro, que le permitirá vetar cambios en el destino de las instalaciones, independientemente de la participación que tenga en la sociedad.

 

 

El Gobierno fundamentó la decisión en las dificultades que, por cuestiones normativas, tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica para gestionar de manera dinámica y eficiente una instalación destinada a la producción de un insumo clave para la medicina nuclear y a la prestación de servicios como la irradiación de combustibles, el ensayo de materiales y el dopaje de silicio, un elemento fundamental para la industria electrónica.

 

En el esquema que imaginan las autoridades, la CNEA conservará el acceso al laboratorio de haces neutrónicos, por lo que se garantizarían las tareas de investigación científica. La nueva empresa se creará bajo el régimen de privatización establecido por la Ley de la Actividad Nuclear, sancionada en 1997, que contempla la participación estatal y privada en las actividades productivas y comerciales del sector. Los pasos incluirían una convocatoria o llamado a licitación una vez las obras estén concluidas.

 

El reactor permitirá multiplicar por cinco la producción de radioisótopos del RA-3, también ubicado en Ezeiza, lo que representaría el 20% de la producción mundial. Sin embargo, para alcanzar ese objetivo deberá construirse una planta asociada, que requiere una inversión de aproximadamente USD 200 millones. En tanto, el otro reacto del complejo, el viejo RA-3, quedará como back para eventuales paradas del nuevo o para completar la producción si por la demanda no alcanza la capacidad disponible.

 

Por eso, el accionista privado que ingrese a la sociedad realizará ese aporte, que podría cubrir con fondos propios o mediante algún tipo de financiamiento respaldado por su patrimonio. La iniciativa también podría ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), cuya vigencia se extiende hasta el año que viene.

 

 

Las autoridades buscan replicar el caso “virtuoso” de CONUAR, la fábrica de elementos combustibles que tiene a Pérez Companc como principal accionista desde hace cuatro décadas, con el 67% de la participación, mientras que la CNEA posee el resto

 

También recuerdan que la creación de Nucleoeléctrica Argentina, en los años ´90, además de tener como antecedente el intento de privatizarla, buscaba superar los desafíos operativos que implicaba la gestión de grandes centrales nucleares de potencia para la estructura y las normas del organismo atómico, cuyo perfil está más enfocado en la investigación científica.

La historia del proyecto

 

La construcción del RA-10 comenzó a delinearse en 2010 y se inició en 2014, con el objetivo de dotar al sector nuclear argentino de un reactor que cubriera, con tecnología moderna, una serie de tareas que la CNEA venía desarrollando, como la producción de radioisótopos en el RA-3, una instalación mucho más pequeña que funciona desde la década de 1960.

 

En la CNEA explican que la denominación “multipropósito” se debe a que en un mismo lugar pueden realizarse distintas actividades. También detallan que fueron necesarias dos millones de horas de ingeniería. La tecnología fue desarrollada por la empresa estatal rionegrina INVAP, que ya había construido reactores de este tipo en otros países, como el OPAL de Australia —que cumplió 20 años—, pero no había desarrollado uno en la Argentina. Cuando se complete, la inversión total del proyecto rondará los USD 600 millones, financiados por el Estado nacional. En la actualidad, 530 personas trabajan diariamente en la obra.

 

 

El reactor tiene una potencia de 30 MW, pero no produce electricidad, ya que los neutrones generados por la fisión nuclear se utilizan para producir radioisótopos. El más importante es el molibdeno-99, un insumo clave para la medicina nuclear, que se utiliza en diagnósticos por imágenes y en otros tratamientos, incluidos los oncológicos. Los radioisótopos tiene un ciclo de vida muy corto, de apenas unas horas, por lo que el aspecto más completo para su comercialización es la logística que requiere.

 

En cuanto a los servicios, el reactor permitirá producir silicio dopado, un insumo utilizado en la fabricación de semiconductores de alta potencia para aplicaciones industriales, sistemas eléctricos, energías renovables —como los paneles solares— y medios de transporte eléctricos. Además, brindará servicios de ensayo de materiales, irradiación y análisis por activación neutrónica para aplicaciones científicas e industriales.