Lo que el Gobierno imaginó como el inicio formal de la primera privatización relevante de la era Milei no terminó como se esperaba: a pocas horas de la apertura de sobres para conocer las empresas en carrera para quedarse con cuatro represas del Comahue, la secretaría de Energía, que conduce María Tettamanti, tuvo que postergar dos semanas el evento.

Al caer la tarde, la ex ejecutiva de Camuzzi puso su firma en la resolución 1649/2025, por la que se estableció el 7 de noviembre a las 17hs como nueva fecha para la apertura. Lo más llamativo es la propia Tettamanti le había dicho unas horas antes a una radio de Río Negro que “esta semana estaremos viendo las ofertas”, ratificando la fecha inicial.

La compulsa incluye las centrales hidroeléctricas El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados, que en su conjunto aportan el 7 por ciento de la energía que se consume en Argentina. Quienes resulten ganadores tendrán la concesión por 30 años.

Apenas unas semanas atrás, la propia funcionaria había descartado una modificación del plazo, a pesar que en el mismo evento desde Central Puerto y Aluar, dos compañías que quieren participar, plantearon a viva voz la necesidad de una prórroga. La operación de las represas continúa en forma provisoria en manos de sus concesionarios originales: Orazul Energy, Enel, AES y Central Puerto, que son además los candidatos “naturales” para quedarse con las usinas, aunque trascendieron versiones de otros grupos interesados.

A pesar de que las cuatro centrales hidroeléctricas fueron construidas por el Estado Nacional, en los años ´90, en plena ola privatizadora, el Gobierno de Carlos Menem las concesionó en 1992 por 30 años. En 2021 -antes del vencimiento- la gestión del Frente de Todos inició el análisis de la situación de cada represa, para lo cual se constituyó un grupo especial.

Sin embargo, al concluir la concesión en agosto de 2022, la entonces secretaria de Energía Flavia Royón decidió extender el plazo, algo que volvió a hacer en 2023, a pesar que dentro del peronismo existía cierto consenso en que el Estado a través de Enarsa debía tomar el control de esos activos.

Lejos de resolverse la situación con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la Secretaría de Energía y Enarsa volvieron a extender los plazos en reiteradas oportunidades, ante la imposibilidad de avanzar con el proceso, en medio de las internas de la cartera energética, que terminaron corriendo a la empresa estatal.