Con el petróleo tocando un piso, el Gobierno dispuso una suba del 4% para el biodiésel y del 1,75% para el etanol, que se mezclan con combustibles de origen fósil, lo que pone en duda la baja para los consumidores.
3 de agosto de 2026
Con el petróleo tocando un piso, el Gobierno dispuso una suba del 4% para el biodiésel y del 1,75% para el etanol, que se mezclan con combustibles de origen fósil, lo que pone en duda la baja para los consumidores.

La Secretaría de Energía volvió a aumentar los precios de los biocombustibles que se mezclan por el corte obligatorio con los combustibles de origen fósil, entre 1,75 y 4%. Mediante la resolución 188/2026, con la firma de María Tettamanti, se estableció una suba del 4% por tonelada de biodiésel, que pasó de $ 1.924.080 a $2.001.063. La mezcla que deben realizar las refinerías es del 7,5% del combustible producido.
En el caso de las naftas, la resolución 189/2026 aumentó 1,75% el precio del bioetanol, tanto el elaborado a base de caña de azúcar como el de maíz, que pasan a costar por litro $1.061,88 y $976,45 respectivamente.
El aumento pone en un freno a las expectativas de que tras el acuerdo de paz en Medio Oriente y la fuerte caída del precio del crudo, que esta semana abrió por debajo de los USD 80 por barril.

Durante la Expo Rural de Palermo, el presidente de YPF, Horacio Marín, descartó una baja inmediata en el precio de los combustibles al señalar que el mercado interno aún no alcanza el valor de equilibrio. Marín defendió el mecanismo de “buffer” utilizado para mitigar subas internacionales. Se trata de un mecanismo que implementó YPF cuando el barril superó los 100 dólares para no trasladar toda la diferencia al mercado local.
En tanto, avanza en el Senado el debate por la nueva ley de biocombustibles, a partir de un proyecto del Gobierno que busca elevar los cortes obligatorios en surtidores y liberalizar el mercado mediante un esquema de libre competencia y paridad de importación La iniciativa genera un fuerte rechazo de las pymes regionales nucleadas en CEPREB, las cuales advierten que la desregulación total amenaza unos 10.000 empleos al obligarlas a competir de manera directa y asimétrica contra las grandes aceiteras multinacionales del polo exportador.
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