Las cámaras que agrupan a la industria del aceite y el biodiésel de soja, CIARA-CEC y CARBIO, volvieron a expresar su apoyo al proyecto de Ley de Biocombustibles que impulsan la senadora Patricia Bullrich y el bloque libertario en el Senado. A través de un comunicado, las entidades pidieron a los legisladores de las provincias que trabajen para alcanzar un dictamen la próxima semana y así habilitar el tratamiento de la iniciativa rumbo a la media sanción.

 

Según explicaron las cámaras, los cambios propuestos apuntan a generar un mercado más transparente y abierto a la participación de distintas empresas, con potencial para traccionar nuevas inversiones y puestos de trabajo, además de beneficiar a los consumidores de gasoil, un insumo especialmente sensible para el sector agropecuario por su uso intensivo.

 

Las entidades también salieron al cruce de las versiones que planteaban separar el tratamiento del biodiésel del resto de la ley, dejando avanzar únicamente al bioetanol. Para CIARA-CEC y CARBIO, esa posibilidad no resulta viable.

 

En el comunicado, remarcaron que Argentina es el principal exportador mundial de aceite de soja a precios competitivos y cuenta con una fuerte capacidad instalada para producir biodiésel, que hoy se aprovecha poco porque no está habilitado su uso pleno en el mercado interno. En ese sentido, compararon la situación local con la de otros países productores, que aplican cortes obligatorios de biodiésel de al menos 15%, muy por encima del 7,5% vigente actualmente en la Argentina.

 

 

Qué propone el proyecto de Bullrich

La iniciativa, registrada bajo el expediente S. 809-26, plantea un régimen con una vigencia de 15 años. Para el biodiésel, establece un corte obligatorio inicial de 7,5% sobre el gasoil, que treparía a 10% a los doce meses de sancionada la ley. En el caso del bioetanol, el mínimo pasaría del actual 12% al 15% en el mismo plazo, un punto donde existe mayor coincidencia entre los distintos sectores involucrados.

 

El nudo más conflictivo sigue siendo el corte de biodiésel: CARBIO y CIARA reclaman llevarlo hasta 12,5%, por encima del 10% previsto en el texto oficial. Otro cambio relevante que impulsa el proyecto es el reemplazo del esquema de precios máximos por un sistema de precios de referencia atados a la paridad de importación.

 

Además de la propuesta de Bullrich, en el Senado se discuten otras dos iniciativas: una de la senadora salteña Flavia Royón y otra de Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, que también proponen mantener al biodiésel dentro de la ley y ampliar el debate hacia otras bioenergías, como el biogás y los combustibles sostenibles para aviación.

 

La discusión, de todos modos, no es del todo homogénea dentro del propio sector: una apertura total del mercado podría afectar a las plantas de biodiésel más pequeñas, ubicadas en provincias como Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, en favor de las grandes exportadoras concentradas en Santa Fe.