La venta de las acciones que tenía el Estado nacional —a través de Enarsa— en Transener, la principal transportista eléctrica del país, quedó en el centro de la escena. Apenas se hicieron del 25% del paquete accionario, las empresas Edison Energía y Genneia embolsaron USD 44,5 millones como parte de las ganancias que la compañía había provisionado en abril en una cuenta separada.

 

El dato fue informado por la propia empresa, que controla las líneas eléctricas de alta tensión, a la Comisión Nacional de Valores el pasado 27 de agosto. En la comunicación se señala que, durante una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizada el 30 de abril, se resolvió aprobar la distribución de dividendos en efectivo por la suma de $253.535.989.514, mediante la desafectación parcial de la cuenta de reserva destinada al pago de futuros dividendos.

 

Transener es controlada por Citelec (52%) , empresa en la que Pampa Energía, el holding de Marcelo Mindlin, tiene el 50%. La otra mitad quedó en manos de los hermanos Juan y Patricio Neuss —junto con otros socios— y de Genneia, la compañía de Jorge Brito. La operación fue oficializada por la transportista, llamativamente, en la misma fecha.

 

De esta manera, Mindlin embolsó USD 44,5 millones, mientras que los Neuss, junto con Genneia, recibieron otros USD 44,5 millones. Para quedarse con las acciones, habían depositado USD 356,1 millones, en una polémica licitación que tenía como mejor oferta a Central Puerto, pero que, luego de una caída del sistema, terminó siendo superada por Edison Energía.

 

 

Este mecanismo estaba establecido en los pliegos de la licitación elaborados por el Ministerio de Economía, que conduce Luis “Toto” Caputo, y la Secretaría de Energía. En la cláusula 2.1 se aclara que la venta de las acciones de Enarsa en Transener incluye los derechos sobre dividendos “pendientes o futuros”. De acuerdo con especialistas en materia regulatoria, esa disposición brindaría un paraguas legal a los directores de la empresa.

 

En esa línea, los juristas consultados consideraron que la distribución de dividendos no es ilegal, aunque pudo haber existido un “acto de simulación encubierta”: la venta de las acciones para luego cobrar ese dinero a través de los dividendos.

 

“Esa ganancia claramente era del Estado si pensamos que tenía el porcentaje mayoritario de las acciones. Lo que ocurre es que, al no haberla invertido en su momento, ahora no se podría decir que fue una estafa”, razonó un exfuncionario. No obstante,  señalaron  que “sin ninguna duda” los compradores obtuvieron información privilegiada, al saber de antemano que “esa plata estaba ahí y se la iban a poder cobrar cuando pisaran la empresa”.

 

Sin embargo, podría existir un incumplimiento de los deberes de funcionario público, en este caso por parte de la Secretaría de Energía y de los directores que representaban al Estado, por no cuidar ni velar para que esas ganancias —que correspondían al Estado— no fueran utilizadas para ser cobradas posteriormente por los nuevos accionistas.

 

 

Una valuación bajo la lupa

 

La venta de las acciones de Transener fue la primera privatización, en términos estrictos, que realizó la administración de Javier Milei en el sector energético. Las represas del Comahue, en cambio, tenían contratos vencidos y fueron concesionadas por un plazo de 30 años.

 

Para establecer un precio base para las acciones de Enarsa, el Ministerio de Economía convocó al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), luego de la negativa del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), organismo encargado de fijar el valor de los bienes del Estado.

 

Como ocurre en todas las privatizaciones, el precio base de la licitación es uno de los aspectos más sensibles. En este caso, a partir de un dictamen del BICE, la Secretaría de Energía —conducida por el tándem integrado por Daniel González y María Tettamanti— estableció un valor mínimo de USD 206 millones. Como ese documento no se hizo público, no se sabe si los dividendos fueron incluidos o no en el cálculo utilizado para definir el precio de las acciones.

 

Otro aspecto polémico es que, de acuerdo con sus balances, durante el primer semestre de 2026 Transener obtuvo ganancias por unos USD 93 millones. Ese resultado podría proyectarse al doble para todo el año, un monto cercano al precio base fijado para la licitación.

 

El dato no sería casual. Según la consultora Estudios Energéticos, entre diciembre de 2023 y julio pasado, el Gobierno aplicó una fuerte suba —del 1.300% en pesos— en el costo del transporte eléctrico.