El proyecto que impulsa el Gobierno para reformar la Ley de Zonas Frías y condonar millonarias deudas de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA dio un paso fundamental. Un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió dictamen favorable a la iniciativa, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.Para explicar los alcances y la necesidad de las medidas, concurrieron al Senado la secretaria de Energía, María Tettamanti, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, entre otros funcionarios.

 

La funcionaria explicó que el Gobierno implementó un esquema de subsidios focalizados, pero sostuvo que aún persiste la Ley de Zonas Frías, mediante la cual se “subsidia a todos los usuarios, puedan pagar o no”. La funcionaria recordó que esa subvención se financia con los fondos provenientes de un cargo del 7,5% que abonan todos los usuarios del país. Por eso, según planteó, una familia de bajos ingresos del resto de las regiones termina subsidiando a otra de altos ingresos de la Patagonia.

 

“Queremos terminar con esta injusticia”, afirmó Tettamanti, y detalló que, como la recaudación de ese fondo no alcanza, el Estado debe cubrir la diferencia. “Con este cambio en la ley nos vamos a ahorrar unos USD 400 millones. Una vez que paguemos todas las deudas y el fondo esté compensado, podremos bajar el cargo al 5,3%”, señaló. No obstante, advirtió que, si la iniciativa no se aprueba, el cargo debería aumentar un 85%, hasta alcanzar el máximo permitido por las normas vigentes.

 

La secretaria aseguró que los hogares de las zonas frías ampliadas que cumplan con los requisitos de ingresos —los mismos que establece el esquema de segmentación energética— tendrán, en principio, un subsidio 20 puntos porcentuales superior al que corresponde al resto del país. Según explicó, si actualmente el subsidio para el resto de los usuarios se ubica en el 75% —por una bonificación adicional vigente—, en el caso de las nuevas zonas frías llegaría al 95% para un bloque de gas cuyo alcance dependerá de cada región.

 

 

El otro aspecto polémico es el impacto de la reforma en la Patagonia, región en la que originalmente rige el beneficio, junto con la localidad mendocina de Malargüe y la Puna. En caso de aprobarse la ley, solo se subsidiaría el gas —es decir, el precio en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST)— y no el cargo fijo ni el transporte.

 

Tettamanti justificó la medida al señalar que el cargo fijo del gas debe ser igual para todos los usuarios del país. En cuanto al transporte, sostuvo que, debido a la cercanía de los yacimientos, su peso es marginal. El día anterior, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se había retirado del despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con la promesa de que no habría aumentos para los usuarios de gas de la Patagonia. Sin embargo, al menos de acuerdo con el texto del proyecto, ese compromiso no se vería reflejado.

 

Un polémico perdón para Edenor, Edesur y el Grupo DESA

 

El otro capítulo relevante del proyecto es un mecanismo mediante el cual se compensarán las deudas de las distribuidoras eléctricas con CAMMESA por la energía impaga. La operación se realizaría por un canje con los denominados “activos regulatorios”, derivados de los congelamientos tarifarios, y las compañías deberían renunciar a demandas actuales y futuras.

 

 

La defensa de ese capítulo estuvo a cargo de Sanfilippo, quien argumentó que se trata de una solución para un problema que lleva muchos años. Además, recordó que, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, CAMMESA cobraba apenas el 37% de la energía suministrada.

 

“Generamos un mecanismo para que esa energía sea compensada hasta el límite de las deudas que tienen hoy con CAMMESA”, sostuvo el funcionario. También aseguró que se trata de una medida de “protección” para los usuarios, ya que, de lo contrario, habría que aumentar las tarifas para que las distribuidoras pudieran cancelar sus deudas o se reducirían las inversiones y la calidad del servicio.

 

El funcionario detalló también que las acreencias del Estado por cuestiones regulatorias son mucho mayores que las deudas que las distribuidoras mantienen con CAMMESA. Por ese motivo, consideró que se trata de un acuerdo “beneficioso para el Estado”.

 

Ante una consulta de la senadora cordobesa Alejandra Vigo, Sanfilippo admitió que no existe ningún beneficio para las empresas que sí pagaron sus obligaciones con CAMMESA, como EPEC y otras distribuidoras provinciales.

 

Alejandra Vigo.

 

“Lo importante para que el sistema funcione es que el costo del bien y del servicio sea trasladado a la tarifa, para que no haya atrasos y no se deje de pagar la factura de CAMMESA”, remató el funcionario.

 

Un proyecto alternativo para las zonas polares

 

Por otra parte, durante el debate se tomó en consideración el proyecto alternativo S-909/26, impulsado por los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.

 

La propuesta sostiene que las temperaturas extremas del sur demandan un tratamiento diferenciado y plantea incorporar una bonificación adicional por “zona polar” para Santa Cruz y Tierra del Fuego. También propone una exención total del IVA en las facturas de gas para aliviar el impacto sobre los habitantes de la Patagonia.

 

Pese a las observaciones planteadas por la oposición, el dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo y sus bloques aliados quedó incorporado al orden del día para ser debatido próximamente en el recinto. La iniciativa registró la disidencia total de la senadora Flavia Royón y la disidencia parcial del senador Flavio Fama.