El Gobierno puso en marcha una licitación clave para el proyecto de transporte eléctrico AMBA I. La secretaría de Energía, que comanda María Tettamanti, instruyó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) para que abra una contratación para adquirir de forma anticipada siete transformadores, que serán financiados con los recursos de una cuenta especial de la empresa mixta, donde se acumularon recursos por exportaciones de energía.  

 

La Resolución 218/2026, publicada hoy en el boletín oficial, detalla que los siete equipos deben ser monofásicos (especificados técnicamente como 500/√3/ 231/√3/ 34,5 kV – 285/285/16,67 MVA) y aptos para conformar dos bancos trifásicos con fase de reserva compartida de 855 MVA cada uno, destinados a la futura Estación Transformadora (ET) Plomer, además de sus respectivos repuestos y la contratación de la supervisión del montaje y puesta en marcha . CAMMESA contará con un plazo de 30 días corridos a partir de la publicación de la medida para iniciar el proceso licitatorio.

 

El aspecto más paradójico de la medida reside en el origen de los recursos para costear esta compra. La resolución dispone que el pago del equipamiento, así como de las asistencias técnicas asociadas, se realice con los fondos de la Cuenta de Exportaciones del Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), donde hay unos USD 110 millones, de los cuales la mitad se usará para los transformadores y el resto como anticipo financiero de la obra.

 

Este mecanismo contradice de forma directa las afirmaciones previas del Gobierno. En agosto de 2026, al convocarse la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión del proyecto AMBA I, el vocero Adrián Ravier había asegurado en conferencia de prensa que, “por primera vez en 20 años”, una obra de esta envergadura se realizaría “por completo” con capital privado y sin aportes del Estado. 

 

 

La reciente resolución pone en marcha formalmente la compra de la porción “en especie”, que consiste justamente en estos equipos críticos de transformación. La Cuenta de Exportaciones de CAMMESA se nutre de los excedentes por la venta de energía a países vecinos (principalmente Brasil) comercializada a valores superiores a los del mercado local. Se trata, por lo tanto, de recursos del propio sistema eléctrico nacional que, paradójicamente, requiere de constantes subsidios del Tesoro para seguir funcionando en el plano interno.

 

La Secretaría de Energía justificó el adelantamiento de la licitación en la necesidad de “optimizar los tiempos” y evitar demoras críticas en la habilitación del proyecto AMBA I, minimizando el riesgo de energía no suministrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La resolución señala que los prolongados plazos de entrega que rigen en el mercado internacional para estos equipos obligan a realizar una compra anticipada para evitar que actúen como el “camino crítico” que demore toda la obra.

 

Según el esquema trazado por el Gobierno, una vez que se adjudique y firme el contrato de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de AMBA I, CAMMESA instrumentará una cesión contractual gratuita de este contrato de provisión y de los transformadores al concesionario privado que resulte ganador de la obra principal. A partir de ese momento, el operador privado se hará cargo de los trámites de importación, de la totalidad de los costos asociados, de la guarda de los equipos una vez nacionalizados y de su transporte hasta el emplazamiento final en Plomer.

 

 

Con el fin de evitar que la empresa adjudicataria obtenga un beneficio indebido por bienes financiados por el sistema eléctrico, la norma determina expresamente que estos transformadores serán excluidos del cómputo de la inversión de capital considerado para fijar la remuneración del concesionario, así como del cálculo de las inversiones no amortizadas bajo el contrato de concesión.

 

Una obra clave que viene demorada

El proyecto AMBA I es considerado prioritario y crítico para mitigar los cuellos de botella energéticos en Buenos Aires, una región que no puede recibir más electricidad del resto del país debido al colapso de las redes de transmisión existentes. Con una inversión total estimada en USD 800 millones, la obra —que prevé la construcción de 270 kilómetros de líneas en alta tensión y la ampliación de la capacidad en 2.000 MW— requiere de un plazo máximo de ejecución de 52 meses.

 

Aunque el Gobierno se apoya en que la inversión de capital principal (el 87,5% restante) será aportada por el ganador de la concesión y recuperada mediante tarifas pagadas por los usuarios, la planificación estatal y el financiamiento público a través del MEM resultan indispensables para destrabar el inicio del proyecto estrella de su Plan Nacional de Ampliación de Transporte Eléctrico.