Con la firma del presidente Javier Milei, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 27.828, que modifica el régimen de subsidios para Consumos de Gas por Zona Fría en todo el país. La norma había sido sancionada por el Congreso de la Nación el 24 de septiembre. 

 

El reordenamiento dispuesto por la norma elimina las ampliaciones de 2021, que abarcan localidades de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis, entre otras—, donde había una bonificación del 30 por ciento de la factura. 

 

Con el nuevo esquema, en estas regiones el beneficio pasa a ser una bonificación “adicional por Zona Fría” acotada exclusivamente a los usuarios residenciales inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados (SEF), cuyos ingresos familiares no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del INDEC o cuenten con integrantes vulnerables (titulares de CUD, ReNaBaP o pensiones de guerra). Quienes no cumplan con estas condiciones perderán la bonificación por completo.

 

En tanto, en la Patagonia, la localidad mendocina de Malargüe y la Puna, donde se había aplicado originalmente el descuento, mantendrán el beneficio pero sólo sobre el precio del gas mayorista. 

 

 

Las compensaciones se financian con un cargo que abonan en sus facturas el resto de los usuarios, que hoy está en 7,5 por ciento. El Gobierno aduce para recortar el universo de beneficiarios que debe sumar fondos adicionales para sostenerlo o estaría obligado a aplicarle una suba significativa. En cambio, la secretaria de Energía, María Tettamanti, prometió reducirlo en caso de sancionarse la Ley, cuando concurrió al Senado a defender la propuesta. 

 

¿Desde cuándo rige?

 

A pesar de que el marco legal ya se encuentra operativo, la aplicación concreta del nuevo esquema tarifario en las facturas dependerá de dos pasos administrativos clave. Por un lado, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía debe reglamentar el procedimiento de asignación y definir los bloques de consumo base subsidiado que corresponderán a cada región y subzona bioambiental. Por otro lado, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) tendrá que trasladar esos criterios a los nuevos cuadros tarifarios que deberán aplicar las empresas distribuidoras y subdistribuidoras. Por lo que se estima que recién en noviembre podría entrar en vigencia. 

 

El impacto proyectado para estas zonas ampliadas muestra incrementos significativos en las boletas finales. Por ejemplo, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un hogar de la localidad de Salliqueló con un consumo de 400 m³ mensuales que pierda el subsidio pasará de abonar una factura de $53.257 a $163.370, lo que representa un aumento del 207% y equipara su tarifa con la de un usuario de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso para los hogares de esa misma localidad que mantengan el subsidio por estar dentro del programa focalizado, la factura subirá un 110% (pasando de $66.950 a $140.864), ya que la bonificación se aplicará únicamente sobre el bloque de consumo base que determine la autoridad de aplicación.

 

 

Por su parte, en las zonas frías históricas —compuestas por la Región Patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna—, el régimen mantiene la bonificación sobre el costo de adquisición del gas PIST y del propano indiluido por redes, pero excluye del beneficio al costo de transporte y a los cargos fijos.

 

Esta modificación en la base de cálculo también redundará en subas para los usuarios del sur del país. En Río Gallegos, Santa Cruz, un hogar residencial promedio con una demanda mensual de 625 m³ experimentará una suba del 29%, pasando de $114.892 a $147.673. En tanto, para un usuario focalizado de la misma ciudad patagónica, la boleta trepará un 106% —de $30.892 a $63.673—, debido a que el ajuste quita el descuento sobre el cargo fijo y el transporte, rubros que han ganado un peso sustancial dentro de la estructura tarifaria.

 

Además, de los aproximadamente 3,26 millones de usuarios que recibían alguna bonificación bajo el esquema de Zona Fría, una gran proporción perderá el subsidio de forma total o parcial. El recorte más drástico recae sobre las zonas ampliadas (que abarcan localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán), donde se elimina de forma definitiva el descuento universal del 30%. En estas provincias, perderán la bonificación todos los hogares que no estén inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) por superar ingresos equivalentes a tres Canastas Básicas Totales (CBT) o no cumplir con los criterios de vulnerabilidad definidos por la ley. El número exacto de familias que quedarán excluidas dependerá de cuántos usuarios de la zona ampliada logren acreditar los requisitos para mantenerse dentro del padrón de subsidios focalizados.