Mientras crecen los cuestionamientos dentro del sector, la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa que opera las centrales nucleares, sumó una nueva presentación en la justicia para evitar que el Gobierno venda el 44% de las acciones de la compañía, hoy totalmente estatal. 

El concejal Fernando Emanuel Martínez, representante del partido de Exaltación de la Cruz, presentó un nuevo amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana para detener la venta de NA-SA, que se suma a la realizada por la diputada nacional por Córdoba Gabriela Estévez, la semana pasada. La acción judicial denuncia la “inconstitucionalidad” del Decreto 695/2025 y alerta sobre el “grave riesgo” que implica esta privatización para la soberanía energética, la seguridad radiológica y el bolsillo de millones de usuarios.

“NA-SA no es una empresa más: es la columna vertebral del sistema nuclear argentino. Posee y opera Atucha I, Atucha II y Embalse, generando más del 7% de la electricidad del país. Su capital es estatal, su misión es estratégica y su rol es irremplazable”, destaca el escrito y agrega: “La energía nuclear no puede quedar en manos de intereses privados. Es un bien público, construido con décadas de inversión, conocimiento y compromiso argentino”. 

La presentación recuerda que lejos de ser deficitaria, NA-SA es una empresa rentable y en expansión. En el primer trimestre de 2025 obtuvo ganancias por 17 millones de dólares y lidera proyectos clave como la extensión de vida de Atucha I y el almacenamiento en seco de combustible gastado. Todo financiado con deuda respaldada por contratos de venta de energía. “Privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica. Es una decisión política que pone en riesgo obras estratégicas y la estabilidad del sistema”, advierte el amparo.

En otro tramo, se advierte que la privatización parcial de NA-SA abre la puerta a aumentos tarifarios, pérdida de control estatal y desfinanciamiento del sector. “Los usuarios no solo pierden participación: pierden protección frente a intereses que priorizan rentabilidad sobre servicio”, sostiene el escrito.

En consecuencia, el amparo solicita una medida cautelar de no innovar para suspender de inmediato cualquier acto de licitación, oferta o transferencia de acciones. El objetivo: preservar el statu quo hasta que se resuelva la cuestión de fondo. “No se puede vender lo que no se puede justificar. Mucho menos sin consulta pública ni control legislativo”, concluye la presentación.