El grupo de mayor expansión en el sector energético en los últimos años sufrió un duro revés. En un fallo conocido la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó una presentación de la distribuidora rionegrina EdERSA — controlada por la familia Neuss— y convalidó la transferencia de la posesión y operación de la línea de alta tensión de 132 kV denominada ALIPIBA a favor de la empresa estatal provincial Transcomahue S.A. 

 

De esta manera,  el tribunal nacional, con la firma de Horario Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, desestimó la queja por no cumplir con el recaudo de fundamentación autónoma exigido por el artículo 15 de la Ley 48. En sus considerandos, los magistrados señalaron que la concesionaria no logró refutar el pilar central de la sentencia provincial: que el artículo 17 del contrato de transferencia únicamente le otorgó a la distribuidora un derecho de uso sobre los activos y no la propiedad de las instalaciones por 95 años o por su vida útil, como pretendía la firma demandante.

 

Asimismo, la Corte desestimó los planteos de los Neuss basados en la Resolución 144/2019 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), durante la gestión de Macri, aclarando que dicho acto administrativo solo actualizó la tarifa por la Función Técnica de Transporte para garantizar la continuidad del suministro a Bariloche, dejando abierta la controversia de fondo bajo el procedimiento del artículo 72 de la Ley 24.065.

 

 

Antecedentes e historia del conflicto

 

El origen de la disputa se remonta a 1987, cuando la provincia de Río Negro suscribió un contrato de suministro eléctrico con la Cooperativa Eléctrica Bariloche Ltda (CEB) por un plazo de 30 años. En 1996, en el marco del proceso de privatización del servicio de distribución domiciliaria regido por las Leyes provinciales 2902 y el Decreto 1291/1995, la provincia transfirió a EdERSA la concesión del servicio junto con el contrato de suministro y la línea de alta tensión ALIPIBA, una infraestructura de 132 kV que vincula la central hidroeléctrica de Alicurá con las estaciones transformadoras de Pilcaniyeu y San Carlos de Bariloche.

 

Para adecuar la organización eléctrica provincial a las normas federales fijadas por las Leyes nacionales 15.336 y 24.065 —que prohíben que las empresas distribuidoras o generadoras sean propietarias de redes de transporte por distribución troncal—, el Estado rionegrino creó en 1997 la empresa estatal Transcomahue S.A. mediante el Decreto 619/1997.

 

Posteriormente, mediante una adenda en mayo de 2005 y la Resolución 20/2006 de la Secretaría de Energía de la Nación, la CEB fue reconocida como agente distribuidor en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Esta medida trasladó la frontera de interconexión con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a la estación transformadora de Bariloche, convirtiendo a la línea ALIPIBA en un canal de vinculación entre agentes del mercado para el transporte de energía.

 

 

Al cumplirse en 2017 el plazo de 30 años del contrato de suministro original, la Secretaría de Estado de Energía de Río Negro dictó la Resolución 244/2017, mediante la cual declaró extinguido el vínculo e instruyó a EdERSA a entregar la posesión y la operación de la red ALIPIBA a Transcomahue S.A.. La concesionaria impugnó la medida en la justicia alegando una afectación a sus derechos de propiedad. Tras recibir fallos contrarios en la Cámara de Apelaciones de Cipolletti y en el Superior Tribunal de Justicia provincial, EdERSA acudió en queja ante la Corte Suprema.

 

Consecuencias de la resolución judicial

 

La ratificación del fallo provincial por parte del máximo tribunal genera importantes derivaciones legales, regulatorias y operativas en todo el esquema eléctrico de la región. En primer lugar, la sentencia consolida la entrega inmediata de la posesión, gestión y operación del sistema de alta tensión ALIPIBA a la empresa estatal Transcomahue S.A.. En segundo término, el fallo confirma la división estricta de funciones ordenada por las Leyes 15.336 y 24.065, impidiendo que una distribuidora privada mantenga bajo su control activos de transporte de energía troncal. 

 

Por otra parte, la decisión desestima definitivamente la pretensión de los accionistas de la concesionaria de conservar el activo por 95 años o reclamar compensaciones por expropiación, ratificando que la provincia actuó dentro de sus facultades administrativas y de interés público. Finalmente, el dictamen asegura la continuidad y estabilidad en la prestación del servicio público de transporte eléctrico para los usuarios de San Carlos de Bariloche y de la Región Sur rionegrina.

 

Un grupo de rápido crecimiento

 

Como parte del holding Edison Energía, los hermanos Juan y Patricio Neuss experimentaron un vertiginoso crecimiento en el sector energético desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. Ese tiempo pasaron de tener Edersa a sumar distribuidoras como EDET (Tucumán), EJESA (Jujuy) y EDERSA (Río Negro), además de activos en generación hidroeléctrica -las centrales Alicurá y Cerros Colorados-. A eso sumaron en forma reciente junto a Genneia el 25 por ciento de las acciones de Transener junto a Genneia, la compañía que lidera Jorge Brito, una de los grandes jugadores en energías renovables. 

 

Entre los accionistas de Edison Energía se encuentran, además de los Neuss -cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo– empresarios vinculados al negocio de la electrónica en Tierra del Fuego, como Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, de Newsan, además de Inverlat Investments, donde participan el banquero Guillermo Stanley y su yerno Federico Salvai (exministro bonaerense y figura clave del grupo), entre otros.