El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, defendió la decisión de incluir el desarrollo del upstream en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sostuvo que el objetivo es equiparar las condiciones de las petroleras locales con las de productores de otras latitudes, como Texas. Lo hizo durante la Misión de Energía de la Argentina-Texas Chamber of Commerce, que se desarrolla en Neuquén en paralelo a la Expo AOG 2026, un día después de las exposiciones del presidente Javier Milei y del gobernador Rolando Figueroa.
González, que coordina el régimen, explicó que la inclusión del upstream fue una decisión del ministro de Economía, en su rol de autoridad de aplicación. “Había que nivelar el campo de juego” para las compañías petroleras, dijo. Reconoció que Argentina tiene impuestos altos y que el esquema busca que bajen a medida que los proyectos ingresan al RIGI, pero advirtió que eso ocurrirá con el tiempo. Por eso, para acelerar el desarrollo, consideró necesario darle a las empresas condiciones comparables a las de otros polos productivos.
Según detalló, en pocos meses ya hubo 10 solicitudes de ingreso de proyectos de upstream, y estimó que “fácilmente” podrían sumarse entre 5 y 10 más. Cada uno corresponde a un campo con producción propia de petróleo. El funcionario atribuyó al régimen un doble efecto: acelerar las inversiones y aumentar el tamaño de cada desarrollo. En ese segundo punto, explicó que el RIGI le da rentabilidad a zonas y pozos marginales que de otra forma no se perforarían, ya que, como sabe el sector, “hay zonas mejores que otras”.
Sobre el atractivo del régimen, González señaló que lo que más valoran las compañías que piden adherir es la estabilidad: además de los beneficios fiscales y cambiarios, ofrece estabilidad regulatoria y fiscal por 30 años. “En un país normal no necesitás una ley que diga que no te van a cambiar la regla del juego”, ironizó.

El secretario ubicó el RIGI dentro de un cambio más amplio, que comenzó con la Ley de Bases y la reforma de la Ley de Hidrocarburos. Según explicó, la norma reemplazó el autoabastecimiento como eje de la política energética por la maximización de los recursos naturales, un cambio que consideró lógico para un país con más de un siglo de reservas.
La ley, agregó, también le puso límites al propio Estado: no puede intervenir en la fijación de precios, establece la convergencia con los valores internacionales como objetivo e impide interferir en las exportaciones una vez otorgado el permiso. Para González, esa autorrestricción le da previsibilidad al sector privado, porque las reglas dependen menos “del funcionario de turno”. En ese marco, recordó que antes el Gobierno nacional estaba en el centro de todo y recibía lobby constante, algo que, según dijo, ya no ocurre. Vinculó además la libertad de precios con el desarrollo de Vaca Muerta y afirmó que los valores de los hidrocarburos locales hoy están alineados con los internacionales.
Contratos entre privados y Plan Gas
En otro tramo, el funcionario explicó que el Gobierno busca que el Estado deje de ser parte de los contratos del sector, ya sea como financista o como comprador. Como ejemplo, citó el Plan Gas, cuyo único comprador es el Estado nacional. Sin romper los contratos vigentes, dijo, ya hay productoras que retiran volúmenes del plan para venderlos directamente a generadoras o industrias, y anticipó que habrá “mucho más de eso”.

El funcionario mencionó el oleoducto Vaca Muerta Sur y los proyectos de GNL, y anticipó que en “un poquito más de un mes” se definirá Argentina LNG, el proyecto más grande del sector. Con ese desarrollo, dijo, el país empezará a ser un jugador global en el negocio del gas natural licuado. Consideró “imposible” pensar esas inversiones sin las condiciones que generó el RIGI.
Informó también que esta semana el comité del RIGI aprobó dos proyectos de TGS para la extracción de líquidos del gas natural, que implicarían exportaciones adicionales por más de 1.000 millones de dólares anuales. Y sostuvo que algo similar ocurre en la minería, donde el potencial del cobre era conocido desde hace años pero los proyectos no se definían.
De cara al futuro, González planteó que el próximo desafío es la competitividad, que según el Gobierno “no pasa por el tipo de cambio”. Reconoció las mejoras de productividad de operadoras y empresas de servicios, que en buena medida replican prácticas aplicadas en Estados Unidos, y pidió más jugadores y más competencia. Dijo que habrá más financiamiento disponible, primero para las operadoras de mayor tamaño y luego para el resto, lo que ayudará a que las compañías locales compitan en mejores condiciones. Advirtió, además, que Argentina es “tomadora de precios” y que el barril no valdrá siempre 110 dólares, por lo que el sector debe estar preparado para seguir desarrollando Vaca Muerta aun con valores menos favorables.
El segundo objetivo, dijo, es seguir reduciendo el costo de la energía para hogares e industrias. Sostuvo que quienes no reciben subsidios ya pagan el costo real del gas, incluido el de invierno, y que aun así la industria argentina paga una fracción de lo que se abona en Chile y Brasil. El desafío pendiente, indicó, es lograr lo mismo en electricidad.