Rodrigo Paz, quien asumió la presidencia de Bolivia hace poco más de un mes, anunció el fin de los subsidios a los combustibles, ocasionando una fuerte suba en los valores de la gasolina y el diésel. Esta medida forma parte de una política del Gobierno que busca reducir el gasto estatal y frenar el tráfico ilegal de carburantes hacia países vecinos. 

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó un significativo aumento en los precios de los combustibles a partir de la eliminación de los subsidios: la gasolina especial subirá de 3,79 a 6,96 pesos bolivianos (incremento del 83%), mientras que el diésel pasará de 3,74 a 9,80 pesos bolivianos (aumento del 162%).

Estos nuevos valores serán oficializados mediante un decreto de la nueva administración de centroderecha, que terminó con una hegemonía de 20 años del socialismo boliviano. La medida facilitará la importación privada de diésel retirándolo de la lista de Sustancias Controladas, y entrará en vigencia inmediatamente después de su publicación oficial. 

“La quita de subsidios no significa abandono, sino orden y justicia”, afirmó el presidente Paz, que con esta iniciativa muestra su alineamiento en política económica con sus vecinos de Argentina, Paraguay y Chile -este último, tras el triunfo de Kast-, con el objetivo declarado de transferir gradualmente al sector privado el abastecimiento nacional de combustibles.

El pasado 19 de noviembre, el Gobierno boliviano reveló que aproximadamente el 30% del combustible subvencionado termina en el contrabando hacia países vecinos. Así lo informó Margot Ayala, directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), quien basó la estimación en análisis y auditorías en curso dentro del sector energético.

Ayala señaló que existen sospechas fundadas sobre la participación de funcionarios públicos en el desvío de diésel y gasolina, entre los que mencionó trabajadores del área de Sustancias Controladas, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la propia ANH. Según sus declaraciones, estarían “dilapidando los recursos del Estado” y facilitando el transporte ilegal de combustibles hacia el exterior.