Las tensiones entre el Gobierno de Javier Milei y el empresario Javier Madanes Quintanilla parecen haber quedado atrás. El Ministerio de Economía, conducido por Luis “Toto” Caputo, prorrogó hasta fin de año un esquema tarifario especial para industrias electrointensivas, que tiene a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn como uno de sus principales beneficiarios.

 

De esta manera, el complejo industrial mantendrá los valores que viene pagando, en torno a los 31 dólares por MWh. Esta cifra representa cerca de un 20% del costo actual para grandes usuarios, que en agosto alcanzó los 158 dólares por MWh tras la reforma del mercado eléctrico impulsada por la Secretaría de Energía.

 

Este esquema tiene sus raíces en 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri, ante las críticas por el aumento de tarifas industriales, fijó un precio diferencial. Para ello, se retomó un contrato suscripto en 1995 entre la fábrica y la Central Hidroeléctrica Futaleufú, que había sido afectado tras la emergencia económica de 2002.  Previamente, desde 2006 —con la interconexión de la Patagonia al sistema nacional—, Aluar había comenzado a pagar el precio “pleno” de la energía, aunque con descuentos pactados a cambio de reducir su consumo de gas.

 

Como parte de una solución de fondo, en 2017 se creó la categoría de usuario “ultra electro dependiente” para aquellas actividades donde la energía tiene un peso determinante en la matriz de costos. Además de Aluar, este estatus fue otorgado a otras dos empresas.

 

 

El beneficio fue renovado en 2021, tras la emergencia por la pandemia. Mediante la resolución conjunta 1209/2021 de los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo, se estableció que, desde el 1º de enero de 2022 hasta el 15 de junio de 2025 —fecha original de finalización del contrato de 1995—, el complejo continuaría con el descuento. A cambio, la compañía debía financiar una segunda línea eléctrica entre Choele-Choel y Puerto Madryn, obra que a la fecha no se ha concretado.

 

El esquema reconoce a las industrias “ultra electro dependientes” como aquellos establecimientos donde el consumo eléctrico y la demanda de potencia absorben un peso determinante en sus costos directos, el valor agregado o las ventas totales. Para este segmento, la aplicación del precio pleno del mercado mayorista pondría en riesgo la continuidad operativa y su viabilidad comercial.

 

La planta de Puerto Madryn se abastece a través de la Central Hidroeléctrica Futaleufú, cuyo 60% accionario pertenece a Aluar, y es una de las usinas con concesiones vencidas que el Gobierno va a volver a concesionar. También  toma energía de parques eólicos. 

 

Cabe recordar que, el año pasado, Aluar se adjudicó un contrato de 30 MW en el nodo San Fernando, tras resultar ganadora en la licitación de baterías BESS realizada por el Gobierno en el marco del programa Alma GBA, destinada a cubrir picos de demanda y evitar cortes de energía.