Con todos los plazos vencidos, el Gobierno nacional autorizó la privatización de las represas de las cuatro represas Comahue, cuyos contratos finalizaron en agosto de 2022, y extendió hasta el 31 de diciembre la continuidad de los actuales operadores o bien hasta que pueda concretarse la transferencia de las usinas. 

Esta semana, Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, había anunciado en el foro energético de la AmCham que era inminente el inicio de la venta de las centrales Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros colorados, ubicadas a la vera del río Limay que comparten las provincias de Neuquén y Río Negro, y totalizan una potencia de 4.380 MW.

La norma ordena que las acciones que en la actualidad están en poder de Enarsa pasen directamente a la Secretaría de Energía para que en 60 días lance el concurso público nacional e internacional sin base para desprenderse de estos activos. Ese proceso deberá realizarlo el ministerio de Economía junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que conduce Diego Chaher.

 

El dato de que la compulsa se realice sin un valor mínimo también llama la atención: tras la negativa del Tribunal de Tasación de la Nación de informar el valor de las represas -por tratarse de concesiones y no de activos- Enarsa debía contratar una consultora para obtener su tasación. 

El otro punto relevante es que dispone que los actuales concesionarios: Orazul Energy, Enel, AES y Central Puerto continuarán operando las centrales a pesar de haberse vencido las prórrogas previstas en el contrato original pero el Gobierno realiza invocando las Emergencia Energética. 

Por último, el reclamo de los gobernadores de Neuquén y Río Negro de tener participación en el proceso no fue formalizado en el decreto, más allá de las reuniones que tanto Rolando Figueroa como Alberto Weretilneck mantuvieoron con las autoridades de energía por este tema en los últimos meses.