El Gobierno anunció que presentó un escrito ante la justicia  de Estados Unidos en el que pide la suspensión del fallo de la jueza Loretta Preska que obliga a Argentina a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park. 

El dato fue confirmado por el vocero Manuel Adorni en su cuenta de X, quien adelantó que las autoridades nacionales están trabajando en la apelación de la medida judicial por ser “jurídicamente inaplicable: contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles”.

En el texto que presentó la defensa argentina, “se pide que suspenda su decisión, hasta tanto se revise su decisión” y se argumenta que la magistrada se excedió en su jurisdicción y que no hay posibilidad material de expropiar las acciones. Además de pedir la suspensión de la entrega de acciones, también pidieron que se dicte una suspensión provisoria mientras la Cámara analiza si otorga una protección formal mayor.

En esa línea, la presentación señaló que “Preska está invadiendo una jurisdicción” y que no puede “ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”. También agregaron que toda decisión relacionada a la expropiación de la petrolera tiene que estar sujeta a la votación del Congreso de la Nación y obtener una mayoría especial de dos tercios. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, agregan en el escrito.

El texto advierte que podría haber “consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo”.

“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, agregaron los abogados en el escrito dirigido a Preska. En ese sentido, explicaron que si se transfirieran las acciones a los demandantes y luego decidieran venderlo, el daño ya sería irreversible, todavía con la instancia de apelación pendiente.

Por otro lado, argumentaron que YPF “es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23.000 personas y su control está garantizado por ley”.