El ente regulador nacional ratificó la prioridad de transporte para Vicuña Argentina por 25 años y rechazó las impugnaciones de San Juan y La Rioja. El organismo sostuvo que la infraestructura de alta tensión es de jurisdicción federal y que la inversión privada no puede ser “embargada” por leyes locales.
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El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicó hoy la Resolución 330/2026, mediante la cual autorizó el acceso a la capacidad de transporte y emitió el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para el proyecto minero Josemaría (Fase I), ubicado en San Juan. La medida representa un fuerte respaldo a la empresa Vicuña Argentina S.A. y marca un precedente sobre la primacía de la jurisdicción federal ante los reclamos de autonomía energética provincial.
La resolución permite la ejecución de un ambicioso plan de infraestructura que incluye la construcción de la nueva Estación Transformadora (ET) Chaparro 500/220 kV, una Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) de 500 kV de 167 kilómetros entre las estaciones Rodeo y Chaparro, y la adecuación de la ET Rodeo para operar en 500 kV. Estas obras son fundamentales para abastecer una demanda inicial de 260 MW del complejo minero.
La decisión llega tras meses de intensas disputas. El EPRE de San Juan y el gobierno provincial se habían opuesto formalmente, argumentando que la línea existente Nueva San Juan-Rodeo fue financiada con aportes de usuarios locales y fondos públicos provinciales (PIEDE). San Juan exigía que la empresa firmara acuerdos de mitigación sistémica y que la prioridad de uso no fuera exclusiva, para resguardar el crecimiento de la demanda local y de otros proyectos mineros como Los Azules o Hualilán.
Por su parte, la provincia de La Rioja también presentó impugnaciones, alegando que la nueva configuración en la ET Rodeo podría bloquear físicamente la futura interconexión en 500 kV hacia su territorio (línea Rodeo-La Rioja Sur), prevista en la planificación histórica del sistema.
Sin embargo, el ENReGE rechazó de plano todas las oposiciones. El organismo fundamentó que el transporte de energía eléctrica en alta tensión es un servicio público nacional de jurisdicción federal exclusiva. En su dictamen, el ente subrayó que “ninguna normativa provincial puede limitar los principios federales de libre acceso” y que las provincias no poseen “poder de veto” sobre las redes que integran el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Uno de los puntos más polémicos de la resolución es la ratificación de una prioridad de uso del 90% sobre la capacidad de transporte remanente e incremental para Vicuña Argentina por un plazo de 25 años. Ante las quejas de otras empresas mineras como Andes Corporación Minera (ACMSA) o Golden Mining, que calificaron la medida de “privatización de infraestructura pública”, el regulador respondió que el beneficio recae sobre la capacidad generada y financiada íntegramente por el inversor.
El ENReGE argumentó que proteger la inversión del “first mover” (primer inversor) es clave para evitar el comportamiento de “polizontes” o free-riders (terceros que se benefician de una obra sin arriesgar capital). Además, aseguró que la energización en 500 kV del corredor en realidad “fortalece y no perjudica” a la red regional, ya que descomprime los flujos en las líneas de 132 kV que utiliza el resto de la industria y la población.
Con esta resolución, el Gobierno Nacional busca dar una señal de seguridad jurídica para las grandes inversiones en el marco de la Ley de Bases, priorizando la expansión de la infraestructura estratégica por sobre los “proteccionismos normativos locales” que, según el texto oficial, podrían postergar el desarrollo del sistema eléctrico nacional.
El Proyecto Josemaría es un megaemprendimiento minero de cobre, oro y plata a cielo abierto ubicado a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar en el extremo norte de la provincia de San Juan, Argentina. Actualmente, el proyecto es propiedad de Vicuña Corp, una empresa conjunta controlada en partes iguales (50/50) por las multinacionales Lundin Mining y BHP.
El yacimiento busca producir anualmente un volumen estimado de 130.000 toneladas de cobre, 225.000 onzas de oro y un millón de onzas de plata a lo largo de su vida útil, con la proyección de aportar —junto al Distrito Vicuña— entre 400.000 y 500.000 toneladas anuales de cobre a los mercados globales. Tras una reestructuración de su cronograma, se prevé que el inicio de su construcción arranque en el primer trimestre de 2027, lo que posiciona el inicio de su operación comercial y fase productiva para el año 2030. Su desarrollo inicial contempla una inversión de 7.000 millones de dólares, proyectando el inicio de su construcción hacia el primer trimestre de 2027 y su operación comercial para el año 2030.
